Afectados por la resolución del Banco Popular destacaron ayer el "refuerzo" que supone para sus demandas la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que pide que se admitan a trámite las querellas contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho. En el escrito, apunta que para captar fondos en la ampliación de capital, el banco proporcionó en los folletos de inversión una información que "no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad".
