La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la admisión a trámite de una treintena de querellas que se interpusieron contra el gallego Ángel Ron y Emilio Saracho, expresidentes del Banco Popular, y sus respectivos consejos de administración, por la caída de la entidad. La mayoría de las denuncias que el fiscal del caso, Antonio Romeral, menciona en su escrito se dirigen contra las dos últimas cúpulas del banco, sobre todo en lo que respecta a las operaciones que lanzó de ampliación de capital mediante un folleto que no reflejaba la realidad de la situación financiera. También ve indicios de manipulación del mercado en la última etapa de la entidad, según apuntan fuentes jurídicas a Europa Press.

Anticorrupción ya entregó su escrito al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor encargado del caso desde que el pasado 7 de junio se anunciara que el Banco Santander había comprado por un euro el Popular. Desde ese momento, se han ido acumulando las querellas y denuncias por parte de organizaciones de consumidores y antiguos clientes, sobre todo. Las mismas fuentes consultadas afirman que la Fiscalía Anticorrupción no ha reflejado en su escrito al magistrado las denuncias o querellas dirigidas contra los órganos reguladores -Banco Central Europeo, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Banco Popular Portugués-, ya que además no argumentaban ni los hechos delictivos que se les podría imputar.

Las querellas y denuncias acumuladas por la quiebra del Popular a lo largo de estos meses en la Audiencia Nacional provienen de antiguos accionistas, antiguos clientes y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que presentó una querella en representación de miles de accionistas y clientes del banco y un recurso contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la que se ejecutó la resolución de la entidad y por la que ésta fue vendida al Santander al considerar que dicha resolución fue contraria al Derecho. El recurso fue admitido.

La Audiencia Nacional ha ido admitiendo decenas de las denuncias y querellas, pero rechazó el recurso presentado por cerca de un centenar de antiguos clientes que solicitaban que de forma urgente se suspendiera la decisión del FROB. l tribunal rechazó tomar las medidas cautelarísimas, ya que no apreciaban las razones de urgencia manifestadas en el recurso, por lo que la decisión del FROB sobre el Popular continúa en vigor. Al ser rechazadas las medidas cautelarísimas, éstas pasaron a ser cautelares ordinarias, por lo que el recurso se volvería a estudiar, pero ya no de forma urgente. En cualquier caso, los jueces abrieron una pieza separada para tramitar los recursos que piden tomar medidas y este mes se debía volver a plantear.

El informe de resolución

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y las cajas de ahorros volverá a pedir el informe sobre la valoración de Banco Popular que ya había solicitado a la Junta Única de Resolución (JUR) y que ésta había negado remitir. Todos los grupos manifestaron su rechazo por la decisión de la presidenta de la JUR y acordaron volver a insistir "fehacientemente" para que la autoridad europea remita al Congreso este informe.