Los diputados reanudarán este mes en el Congreso los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de elaborar unas recomendaciones a partir de las cuales el Gobierno debería llevar al Parlamento una nueva propuesta de reforma del sistema de pensiones que preserve su sostenibilidad financiera. Pero es muy probable que eso no ocurra a corto plazo debido a las diferencias que mantienen los partidos sobre aspectos como la revalorización de los ingresos de los jubilados. A una semana de que el Consejo de Ministros lance el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, permanece la incógnita de si las prestaciones volverán a subir el mínimo legal (0,25%) o si se produce un cambio de política que amortigüe la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, efectiva este año y que se agravará en los próximos si se mantiene la fórmula vigente: según se infiere de estudios recientes, al final del período 2013-2022 esa pérdida será equivalente a mil euros anuales para el pensionista medio asturiano.
Desde 2014 y en virtud de la última reforma de las pensiones aprobada en solitario por el PP, la actualización de las pensiones dejó de estar vinculada al comportamiento de la inflación (lo que preservaba el poder adquisitivo) para depender de la salud financiera de la Seguridad Social (saldo de ingresos y gastos). El método, que la oposición de izquierdas quiere tumbar, establece que las pensiones suban entre un mínimo del 0,25% y un máximo del índice de precios al consumo (IPC) más 0,5 puntos. El mecanismo conduce automáticamente a la revalorización mínima (0,25%) cuando existe déficit en el sistema, algo que ha sido una constante en los años de crisis y también en los recientes de recuperación del empleo, debido al aumento del gasto (por el envejecimiento y el aumento de la pensión media) y a que los ingresos crecen menos vigorosamente, en parte por la precariedad laboral y la contención de los salarios, que desgastan las bases de cotización.
Que las pensiones subieran el 0,25% anual en 2014, 2015 y 2016 no dañó el poder adquisitivo. Al contrario, lo elevó porque la inflación fue negativa. La situación ha cambiado en 2017: si se mantiene la tendencia del IPC (del 1,8% en Galicia en agosto), los pensionistas perderán al menos 1,55 puntos de capacidad de compra, unos 168 euros anuales en la hipótesis de una persona que percibiera la paga media (779 euros brutos al mes, 10.906 anuales en catorce pagas, considerando todas las pensiones, sean o no de jubilación).
¿Qué pasará en 2018 y en los años siguientes? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha realizado una proyección sobre el comportamiento financiero del sistema de pensiones entre 2017 y 2022, con un escenario de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de entre el 1,6% y el 3% anual y una inflación contenida (entre el 1,8% y el 2%). En esas condiciones, determina el organismo que preside José Luis Escrivá, la Seguridad Social tendría en todos los ejercicios números rojos y por ello la subida de las pensiones no superaría en ninguno de ellos el 0,25%. El quebranto acumulado para el poder adquisitivo de los jubilados entre 2013 y 2022 sería, conforme a la misma predicción, del 7%.
De ocurrir de ese modo, un pensionista que en 2013 cobraba una pensión igual a la media de Galicia (722 euros) tendría una merma en su capacidad de compra de 700 euros en 2022. Supone casi tanto dinero como si se suprimiera una de las dos pagas extra que se reciben al año. Si se considera el conjunto de los ingresos de los pensionistas gallegos en 2013 (4.210 millones), el poder adquisitivo perdido en 2022 respecto a aquel año rozaría los 520 millones.
Hay otros cálculos realizados desde el mundo académico. El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia ha estimado que en diez años los pensionistas perderán casi el 11% del poder de compra con la fórmula actual de revalorización. También, que esa pérdida sobrepasaría el 26% en el mismo plazo si se optara por equilibrar el sistema de pensiones únicamente actuando por el lado del gasto, reduciendo la generosidad de las prestaciones.
El propósito de ese equipo de economistas ha sido, más que medir los impactos en los ingresos de los jubilados, determinar cuánto debería crecer la economía española para que se pudiera mantener el equilibrio de la Seguridad Social sin necesidad de abordar nuevos ajustes y reformas. A partir de la situación del sistema en 2017, los investigadores determinan que España precisaría un avance anual medio del PIB del 5,28%, en la hipótesis de que se quiera preservar el poder adquisitivo de los pensionistas (volviendo a actualizarlo conforme a la inflación), y del 4,30% si se conserva la fórmula de revalorización en vigor. En ambos casos se trata de "un crecimiento económico real inalcanzable"
Medidas para estimular los planes privados
- El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció esta semana una ley que recortará la comisión máxima de gestión de los fondos de pensiones del 1,5 % al 1,25 %, y la comisión de depósito, del 0,25% al 0,20%. Asimismo, se permitirá a partir de 2025 el rescate sin penalización de dinero aportado con una antelación de al menos diez años, para favorecer un aumento de la rentabilidad y estimular estos planes de ahorro privados. En opinión del Ministro, los fondos de pensiones suponen una de las alternativas para complementar el sistema público y las citadas medidas "los pueden hacer más atractivos". El Gobierno ya bajó en 2014 las comisiones máximas de gestión y depósito con el mismo objetivo
Otoño caliente con marchas en Madrid
- CC OO y UGT protagonizarán entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre una marcha a pie hasta Madrid para reivindicar el futuro de las pensiones. Una representación de jubilados gallegos participará en esa movilización, un episodio del "otoño caliente" que, aseguran, desplegarán las centrales en protesta por la precariedad laboral y los recortes del Estado de bienestar. CC OO ha destacado en una resolución reciente: "Muchísimas familias asturianas dependen de sus pensiones, por lo que seguir perdiendo poder adquisitivo es dramático y conviene recordar que las pensiones van a consumo, y por lo tanto son parte fundamental para consolidar el crecimiento económico".
