Un grupo de tenedores de bonistas de Banco Popular, entre los que figura el grupo inversor Pimco y Anchorage Capital Partners, han llevado a la Audiencia Nacional el plan de resolución de la entidad impulsado por el FROB. El recurso presentado argumenta que el proceso "carecía de la motivación necesaria, lo que hizo imposible que las partes interesadas pudieran evaluar las razones, el fundamento jurídico y la valoración sobre las que se sustentó la decisión". La demanda forma parte de una estrategia legal más amplia que persigue obtener "la máxima claridad" en torno al proceso de resolución y restituir las pérdidas.
