Los despachos Rúa Abogados, Gándara & Moure y Cremades & Calvo Sotelo presentaron ayer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un recurso contra la resolución aplicada por la Junta Única de Resolución (JUR), que se saldó con la reducción del valor a cero de las acciones, bonos convertibles y deuda subordinada del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Santander. El plazo para exigir una indemnización está todavía más lejos de expirar, ya que se prolongará hasta cinco años.
El despacho gallego Rúa Abogados agrupa a 2.000 accionistas afectados por la resolución que llevó a cabo la institución europea, mientras que Cremades & Calvo Sotelo defiende a otros 4.000 representados por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Estos últimos reclaman una compensación de 1,85 euros por acción a cada uno de los accionistas. El cálculo está realizado a partir de las últimas cuentas presentadas por Banco Popular en las que declaraba que su capital CET1 -el de mayor calidad- ascendía a 7.808 millones de euros, una cifra que, dividida entre los 4.196,86 millones de acciones con los que contaba la entidad antes de la resolución, arrojaría un valor hipotético de 1,85 euros por acción.
Los afectados en Galicia
La implantación de Banco Popular en Galicia no se trasladaba únicamente a su cuota de mercado sobre los depósitos gallegos, sino, también, a su base de accionistas. Según datos a los que ha podido acceder FARO, 47.800 particulares gallegos y 2.772 empresas contaban con títulos de la entidad financiera hasta el momento de la resolución. Cada uno de los inversores minoristas atesoraba una media de 4.500 acciones del Popular, una cifra que en el caso de las compañías se elevaba hasta las 41.000. El valor de su participación conjunta rondaba los 70 millones de euros antes de la intervención.
