Expira el plazo para presentar recurso

Minoristas gallegos del Popular aspiran a recuperar 425 millones por la vía judicial

Los abogados ultiman la presentación de las demandas en Luxemburgo y Madrid, cuyo plazo expira el lunes -La asociación Aemec cifra en 1,85 euros el valor de cada acción

05.08.2017 | 02:15
Un transeúnte frente una oficina del Pastor en Pontevedra. // R. Vázquez

De Europa emanó la decisión de intervenir y resolver (liquidar) Banco Popular; a Europa se encomiendan los accionistas para recuperar su parte de un valor que pasó de 7.800 millones a un euro en menos de media noche. El lunes expira el plazo para la presentación de los recursos contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de diluir a cero el capital de la entidad, ahora filial de Banco Santander, con una doble estrategia principal por parte de los afectados: la de anular la venta de la entidad y la de obtener un justiprecio o indemnización por una decisión que la Audiencia Nacional se ha prestado a investigar a partir de septiembre. El precio solo lo ha puesto de momento la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), y asciende a 1,85 euros por acción. De acuerdo a este baremo, los más de 50.000 accionistas gallegos sepultados por el dictamen de la JUR aspirarían a recuperar cerca 425 millones de euros.

En Galicia los socios eran principalmente minoristas (al margen de grandes tenedores de títulos como la Fundación Barrié), y muchos de ellos trabajadores, con 4.525 acciones de media, según los datos obtenidos por FARO. Aunque el lunes es el último día para presentar una demanda contra la resolución del banco no sucede lo mismo con las reclamaciones individuales, para las que el plazo es de cinco años. "Se tendrá que determinar si [la intervención] se ajusta a derecho", explica el abogado Agustín Gándara. Desde su despacho, como en el caso de Rúa Abogados, se entregará el escrito de demanda en Luxemburgo (sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). La estrategia del bufete vigués pasa en primer lugar por pleitear contra el "correcto ejercicio del derecho de defensa de los afectados" toda vez que ningún accionista ha podido acceder al documento en el que la JUR motivó la resolución del Popular. Solo se les ha entregado una versión "no confidencial" y, según consta en la demanda, se "infringe el principio de seguridad jurídica". Tampoco se ha dado a conocer el informe de Deloitte que precipitó, según Bruselas, la resolución del banco. La demora en su entrega hace que, según expertos, acabe por ser inválido. "Podrían estar haciéndolo ahora", no antes del 7 de junio.

Reclamación

La legislación europea prevé que se pueda decretar una indemnización en caso de que un organismo como la JUR (se estrenó con la intervención de Banco Popular), haga mal uso de sus decisiones. La reclamación de la Aemec implica valorar todo el banco en más de 7.700 millones de euros, aunque hay abogados que explican que podría tomarse como referencia su último valor bursátil (1.330 millones, a 0,31 euros la acción) o los recursos propios, de 11.000 millones. Otros despachos de Vigo han optado por no presentar demanda por la complejidad del proceso, aunque sí se lo habían planteado de inicio. "Es más factible para inversores institucionales". Lo harán más adelante para defender a los accionistas que opten por reclamar sus pérdidas. Los abogados estiman que, de momento, apenas un 4% de todos los afectados han solicitado asistencia jurídica para defender su inversión.

De momento, y como coinciden letrados consultados por este periódico, la oferta de "bonos de fidelización" del Santander ha calado en algunos afectados, sobre todo actuales trabajadores del Popular, para evitar verse afectados por futuras medidas de reestructuración en la plantilla. Aunque -termina Gándara-, "no les vaya a librar de un ERE". Las negociaciones con los sindicatos, que en Galicia tratarán de mantener la marca Pastor, no han comenzado.

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