La Xunta aplazará hasta cuatro años los pagos de suelo industrial para frenar la fuga de empresas

- Promueve una ley para fomentar la inversión y reducir la burocracia - Ofrecerá ayudas a los concellos que rebajen hasta un 95% sus impuestos

28.07.2017 | 02:27
Conde -izda.-, Puy, Núñez Feijóo y Santalices, ayer en una reunión del PP en el Parlamento. // O. Corral

La fuga de empresas, principalmente hacia Portugal, y la incapacidad para dar salida al stock público de suelo industrial suponen dos de los desafíos para la economía gallega que la Xunta pretende afrontar por ley. Con una norma que estaría aprobada en octubre, el Ejecutivo no solo creará un censo de parcelas en polígonos públicos para planificar las necesidades de las empresas, sino que también aplazará hasta cuatro años los pagos de quienes adquieran sus naves. Tampoco deberán pagar intereses por ese aplazamiento, si bien esas condiciones estarán vinculadas a que generen empleo y dinamicen la economía local.

Estas medidas constan en el proyecto de Lei de Fomento da implantación de iniciativas empresariales en Galicia, una iniciativa que tramitará el PP en colaboración con la Xunta. Su objetivo pasa por que el texto llegue al Parlamento en septiembre, se apruebe en octubre y los presupuestos autonómicos para el año que viene ya contemplen la dotación para varias de sus iniciativas.

"Nos encontramos en una situación en la que la competencia existente dentro de España y de la Unión Europea, pero también en países como Marruecos, India o Irán, están complicando la llegada o expansión de empresas a la comunidad", alegó ayer el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, tras reunirse con el conselleiro de Economía e Emprego, Francisco Conde. "Queremos simplificar los trámites, facilitar la captación de inversiones y dar incentivos a las empresas para que escojan Galicia", expuso este.

El suelo industrial constituye uno de los leit motiv de la norma, sobre todo frente a la competencia lusa, que, según denunció la Xunta en varias ocasiones, ofrece naves a coste cero, además de salarios más bajos. Pese a los descuentos ofrecidos por el Ejecutivo gallego, aún le quedaban al cierre del año pasado dos millones de metros cuadrados de suelo industrial sin vender.

Para facilitar su salida, permitirá que los polígonos se urbanicen de forma parcial y no por completo, lo que reducirá costes y facilitará el asentamiento de firmas, según consideran fuentes de Economía.

Conde también explicó que se pretende reducir a la mitad el tiempo de tramitación de un nuevo proyecto, aglutinando en un único procedimiento administrativo cuestiones como la autorización ambiental, la evaluación de impacto ambiental o, en algunos casos, el informe sectorial.

Como palanca para captar empresas, la Xunta apuesta por las rebajas fiscales. Por un lado, mediante reducciones de los tributos autonómicos, condicionadas a la creación de empleo y la inversión, según apuntó también el PP ayer. Por otro, con ayudas a los municipios que emulen esas medidas.

Economía ofrecerá a los municipios unirse al proyecto Concellos Doing Business para que ofrezcan reducciones de hasta el 95% en sus impuestos y la eliminación de tasas para las nuevas industrias. A cambio, el Ejecutivo aportará fondos a los ayuntamientos mediante una dotación específica en sus cuentas de 2018.

Registro eólico

La proposición de ley impulsada por el PP también incluye la modificación de una docena de leyes vinculadas a sectores económicos concretos, como el eólico o el forestal. En el primer caso se creará un registro de empresas y proyectos; en el segundo, una ventanilla única para conceder permisos para las cortas, que ahora deben solicitarse en varios departamentos como Medio Rural, Patrimonio o Augas. Además, se rebaja de tres a dos los miembros mínimos para establecer una cooperativa.

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