Los chilenos que perdieron 113 millones en el Popular se encomiendan al abogado de la Infanta

Los Luksic irán al tribunal de Luxemburgo para revertir la decisión de la Junta Única de Resolución

27.06.2017 | 17:32

La familia chilena Luksic, titular del 3,45% del Banco Popular  antes de su resolución, presentará un recurso de primera instancia  ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la  decisión de la Junta Única de Resolucion (JUR) de resolver de banco, al interpretar que la medida aplicada fue desproporcionada y de carácter nulo.

El grupo chileno ha contratado al despacho de abogados Roca Junyent, que defendió a la Infanta Cristina en el Caso Nóos, y que ya presentó un recurso contencioso administrativo contra el  Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la Audiencia  Nacional el pasado 21 de junio por el mismo motivo.




La decisión de la familia Luksic se produce después de que el  grupo chileno invirtiese, a través de Vallum Foundation, unos 113  millones de euros en Popular para hacerse con una participación del  3,45% en la entidad. El grupo continuó comprando acciones del banco  hasta el pasado 6 de junio.

Los representantes de la familia chilena consideran que la  decisión de las autoridades de amortizar las acciones de Banco  Popular, así como también los bonos contingentes convertibles y la  deuda subordinada, es "desproporcionada" siendo la entidad todavía  solvente. "Creemos que se debería haber dado más tiempo y haber  proporcionado liquidez a través de las líneas de liquidez de  emergencia", indicaron en rueda de prensa.

Además, estiman que las declaraciones de la presidenta del  Mecanismo Único de Resolución (MUR), Elke König, fueron  "desafortunadas", ya que contribuyeron a agravar la crisis de liquidez. "La JUR, en vez de ser parte de la solución, fue parte del  problema", agregaron. Desde Roca Junyent, solicitan la anulación del acuerdo de  resolución y posterior venta de Popular, dado que atenta contra los  principios del derecho de propiedad, no es transparente y no se  otorga poder de decisión ni alegación a la parte afectada.
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