Rosario Andrade Detrell, Ignacio y Pablo Fernández Andrade (la esposa e hijos del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa), están llamados a declarar mañana en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales después de que el magistrado que instruye el caso, José de la Mata, averiguase grandes ingresos en efectivo de los tres imputados en sendas cuentas de Andbank entre 2009 y 2012, como avanzó FARO.

En total se han bloqueado fondos por unos tres millones de euros, cuya procedencia no se ha clarificado. Uno de los movimientos bancarios que el instructor considera sospechosos es la transferencia, en febrero de 2012, de 150.000 euros desde una sociedad panameña, Reflex Portfolio SA, a la cuenta de Pablo Fernández. El hijo de Sousa fue consejero de la multinacional hasta septiembre de 2013, cargo que perdió cuando la empresa estaba ya en concurso de acreedores con un pasivo superior a los 3.500 millones de euros. La agente de Reflex Portfolio es Mossack Fonseca.

Se trata de la compañía que está considerada como la gran fábrica de firmas offshore del mundo y cuya labor fue desvelada por la investigación periodística de los Papeles de Panamá, en la que afloró también la participación de Fernández de Sousa en International Gestion Finance, afincada en Islas Vírgenes. En este caso el vínculo entre Reflex Portfolio y el hijo del empresario vigués es una transferencia a un banco de Andorra, y no consta como directivo o accionista de la misma.

Su presidente ocupa un cargo similar en decenas de compañías (Pantai Invest, Freight Bureau, Coral Oak Invest); Reflex se fundó el 1 de diciembre 2004 y en el registro mercantil panameño figura como sociedad en activo. Pablo Fernández no tuvo que contribuir a la fianza civil solidaria a la que sí se vieron obligados a sostener el propio Sousa, Alfonso Paz-Andrade o exdirectivos como Antonio Táboas o Alfredo López. El expresidente, a la hora de notificar al juzgado su patrimonio, declaró ser titular únicamente de una finca rústica en la localidad madrileña de El Escorial, dos coches de segunda mano, acciones y una cuenta corriente con poco más de 4.000 euros.

Una vez declaren los tres imputados (Ignacio es el único que no estaba bajo la lupa de la investigación hasta ahora) el juez esperará a recibir una nueva remesa de información de Andorra y pasará a cerrar la fase de instrucción del caso, que llegará cuatro años después del colapso de la multinacional pesquera. José de la Mata rechazó la concesión de una nueva prórroga a la investigación, como había solicitado el fiscal (habría demorado la fase de investigación hasta un máximo de 18 meses más), al apreciar que el caso "excede los plazos de investigación razonables que establece la ley" y que está "prácticamente finalizado".

El juez solo ha accedido a dar cuatro meses extra para determinar si la esposa y los dos hijos del expresidente Manuel Fernández de Sousa cometieron un delito de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública con el presunto desvío de fondos a Andorra. Una vez se complete este paso (en octubre) se cerrará la instrucción.