La intervención y resolución de Banco Popular liquidó la inversión y los ahorros de más de 300.000 accionistas después de que la Junta Única de Resolución (JUR) ordenase que todo el capital desembolsado en títulos cotizados e instrumentos de deuda debía asumir las pérdidas. Porque el banco fue valorado en una horquilla de entre 2.000 y 8.000 millones de euros negativos. Porque un proceso concursal ordinario, según Bruselas, habría sido una solución peor. El rescate atrapó a más de 50.000 accionistas gallegos, entre empresas y particulares, que ostentaban una media de 4.071 títulos en el momento en que el JUR decidió que Popular era inviable, dejaría de cotizar y se vendería a Banco Santander por un euro. Las pérdidas para los afectados de la comunidad superan los 72 millones de euros; el mismo paquete de acciones que tenían el pasado 7 de junio (cuando se acordó la resolución) valía hace un año más de 444 millones.
Así, según los datos a los que ha tenido acceso FARO, el 16,6% de los accionistas afectados por la resolución del banco son gallegos, en su mayoría minoritarios (empleados o simples ahorradores), que tenían el 5,4% de los títulos en circulación. La herencia de Banco Pastor -Popular pagó 1.246 millones por la entidad gallega, que tenía su domicilio en la ciudad herculina- hace que la mayor parte de los atrapados sea de A Coruña (20.372); sus acciones tenían un valor de 39,7 millones de euros justo antes de desaparecer por orden de Bruselas. La principal perjudicada, que altera también la afectación en esta provincia, es la Fundación Barrié, con más de 62,8 millones de acciones. La institución presidida por José María Arias Mosquera supera de largo a la siguiente en número de acciones y cantidad de pérdidas; es también una persona jurídica, es de Vigo y se dedica a la venta de productos de alimentación.
En Pontevedra la cifra de perjudicados asciende a casi 17.000, con una media de 3.524 acciones por cabeza y un perjuicio de 19 millones de euros (hace dos años, mucho antes de haber lanzado la ampliación de capital, el mismo paquete de títulos habría tenido un valor de 283 millones). Entre los perjudicados por la intervención del JUR figuran algunas de las mayores empresas de Vigo de sectores como el pesquero, naval o la construcción, que podrían optar por no pleitear ya que en muchos casos son también clientas de Banco Santander. Algunas de las mayores fortunas de Galicia figuran también como propietarias de títulos que se han convertido en papel mojado. En Lugo y Ourense los accionistas rondan los 6.500 de media, entre los que también aparecen firmas alimentarias o vinícolas.
Banco Santander no ha desvelado aún qué mecanismos articulará para compensar a los accionistas, aunque los ha limitado a los que suscribieron la ampliación del año pasado. El sector estima que podría ofrecer acciones a cambio o créditos blandos -no contempla una contraprestación líquida, en efectivo-. El objetivo de Ana Botín es de preservar la clientela de Popular, entre la cual había numerosos accionistas, y recuperar el pasivo que se escapó en los días previos a la intervención.
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Abogados de Vigo preparan una "class action" en un juzgado de Nueva York
Agustín Gándara: "Pediremos indemnización ejemplar, de 6.000 millones"
- El esquema Ponzi de Bernard Madoff, la quiebra de Lehman Brothers o el dieselgate de General Motors. Son algunas de las class actions (acciones colectivas) llevadas a cabo en tribunales norteamericanos en las que miles de inversores o consumidores afectados pleitearon con mayor o menor fortuna. Y esta, la de una acción colectiva, es la vía en la que trabaja ya el bufete vigués Gándara Moure en defensa de los accionistas de Banco Popular, y que prevé aliarse para esta tarea con un despacho neoyorkino. "Pediremos una indemnización ejemplar, de 6.000 millones de euros", avanza el abogado Agustín Gándara. La existencia de accionistas de Popular en Estados Unidos (sobre todo Nueva York y Nueva Jersey) y la participación del 100% en Totalbank, con sede en Florida, dan vía libre a esta opción, de acuerdo al letrado.El bufete se ha vi sto obligado a reforzarse con cuatro abogados en Madrid y otros tantos en Barcelona por la elevada cantidad de afectados. "Recibimos entre 30 y 40 consultas cada día", afirma Gándara. "Hay casos dantescos. Hasta 8.700 trabajadores son accionistas de Banco Popular, y muchos recibieron un adelanto en la nómina" para la adquisición de títulos, mecanismo "previsto en el convenio" que "disfraza -continúa- una asistencia financiera". Según ha reconocido la propia entidad, el año pasado concedió préstamos por 221 millones a clientes para acudir a la ampliación de capital de 2.500 millones de euros, cuyo folleto estudian expertos en derecho bancario por si pudiera ser objeto de una demanda por no reflejar la imagen fiel de Popular."La mala conciencia ha hecho que Emilio Saracho [expresidente del banco] renunciara a su indemnización de cuatro millones de euros y ahora estamos viendo acciones buenistas de Ana Botín" -condena el abogado en alusión a las compensaciones en las que trabaja Banco Santander- "mientras vemos una comparsa de políticos. Esto ha sido un robo y los ladrones se han dado cuenta".
Banco Santander, dos años para digerir la compra
- La integración de Banco Popular en la estructura operativa de Banco Santander se efectuará en un plazo que oscilará entre los 18 y los 24 meses, según fuentes del sector consultadas por Europa Press, que incidieron en que hasta que concluya el proceso de fusión Popular operará como una filial independiente de la entidad cántabra. Este proceso culminará bajo la presidencia en Banco Popular del también presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, designado recientemente como nuevo primer espada de la entidad en sustitución de José García Cantera, quien mantendrá su puesto en el consejo de administración de Popular. De hecho, los planes del grupo bancario presidido por Ana Botín contemplan integrar Popular dentro de la estructura de Santander España, división liderada por su consejero delegado, Rami Aboukhair, por lo que la desaparición de las marcas Popular y Pastor podría concretarse en este horizonte de dos años, siempre y cuando Ana Botín no reconsidere su idea y mantenga la enseña Pastor en Galicia.
La patronal AEB reclama más transparencia
- El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, afirmó ayer que "es necesario que se dé" la transparencia después de acometer un proceso de resolución sobre un banco, como ha sido el caso de Banco Popular. "Tenemos que dotar de la máxima transparencia a todos los procesos de resolución. No ex ante, pero sí ex post, en los informes de los asesores para la valoración, es necesario que se dé", aseveró. Aunque apuntó que "las decisiones se toman en Frankfurt y en Bruselas", es "necesario dotar de una especial transparencia a las decisiones", ya que, de no hacerlo, "se puede crear una impresión que puede ser falsa". Para el presidente de la patronal bancaria, el proceso de resolución ideado por las autoridades europeas es "transparente, pero muy complejo".Por su parte el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, defendió desde Madrid la resolución articulada desde Bruselas. "Soy muy consciente de los daños sufridos por los accionistas del Popular, pero si ha ocurrido así no ha sido por casualidad, sino que el banco estaba a punto de quebrar y no había tiempo que perder, ya que si lo hubiera hecho el impacto para los accionistas hubiera sido igual o peor".
