Los accionistas ultiman una "avalancha" de demandas contra Banco Popular y Bruselas

Aluden al folleto de la ampliación del pasado verano, por importe de 2.500 millones, para censurar al consejo -Los Luksic: "Las autoridades españolas afirmaban que era solvente"

09.06.2017 | 08:36

En el folleto de ampliación de capital de hace un año, por importe de 2.505 millones de euros, Banco Popular aseguraba "mantener un colchón de liquidez suficiente para hacer frente a situaciones de máximo estrés de mercado". En el capítulo de incertidumbres auguraba pérdidas de 2.000 millones que "quedarían cubiertas por el aumento de capital y la suspensión temporal de dividendo". Las retiradas de hasta 5.000 millones en un día de depósitos hicieron aguas el "colchón" de la entidad; las pérdidas de 2016 rozaron finalmente los 3.500 millones de euros. El rápido desenlace de Banco Popular ha llevado a sus accionistas (más de 300.000, que lo han perdido todo) a escudriñar en las cuentas: "Si todo iba a estar bien con la ampliación aquí algo no cuadra". Vaticinan una "avalancha" de demandas contra el consejo de administración por "difusión de información falsa", pero también contra las autoridades monetarias que ejecutaron un bail-in (rescate interno, a cargo de accionistas y obligacionistas) del sexto banco español que tildan de "expropiación".

A Bruselas mira por ejemplo la familia chilena Luksic, accionista de referencia, que entró en el Popular el 26 de abril con un desembolso de 90 millones de euros por el 3,014% del capital. "No siempre se gana, las inversiones tienen riesgos. La empresa está analizando una posible apelación, convencida de que el banco tiene valor", valoró Andrónico Luksic, presidente de Quiñenco, matriz del holding familiar. "Nos sorprende mucho la inédita decisión del Banco Central Europeo". Los chilenos entraron en el capital a 1,4 euros convencidos de que la acción rebotaría. "Las autoridades españolas afirmaban que el Banco Popular era solvente. Se habló de un posible aumento de capital o de venderlo; no a 1 euro. Eso sorprende", escribió en su cuenta de Twitter.






Algunos abogados sostienen que " muchos ahorradores recibieron presiones para acudir a la ampliación" con la prestación de créditos vinculados. "Pedían 5.000 euros para la empresa y le daban 10.000: parte para lo que querían y el resto para suscribir el aumento", asegura Jaime Carrera, experto en sector financiero de Baltar Abogados. "Los ciudadanos de a pie pueden instar a la nulidad del contrato por ello". En todo caso, coincide con Ramón Ozores (On Tax & Legal) a la hora de pedir "prudencia". "Para que triunfe una demanda la información remitida a la CNMV para la ampliación de capital, la emisión de bonos o CoCos [bonos convertibles contingentes] tiene que ser falsa, y no sé si es así", asegura el último. Para Ozores la comparación con el caso Bankia no es la idónea.


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Las vías para proceder para los afectados (todos los instrumentos de capital han quedado reducidos a cero) serían dos: ejercitar acciones penales de nulidad contra Banco Popular por información falsa en los folletos de emisión, en caso de que se hubiese producido, o contra el consejo "por mala gestión". En cuanto a las acciones contra la Junta Única de Resolución (JUR) o el BCE los abogados consultados consideran que sería un camino "complicado". En su informe el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) ya advirtió de que "no habría lugar al pago de compensación alguna" al considerar que la intervención del Popular y la dilución a cero de su capital fue una "medida proporcionada". Un gestor consultado por FARO lamenta coincidir con este análisis: "Es una norma europea muy bien armada, no creo que ahí haya mucho que hacer". "Es parte de las reglas del mecanismo de resolución", advirtió ayer en Vigo el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, Juergen Foecking. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, descargó por su parte en las autoridades europeas las responsabilidades sobre la intervención al ser preguntado por futuras demandas. "La autoridad de resolución tomó las determinaciones que quería tomar y nosotros lo que hemos sido es compradores del banco", zanjó.

Quien se ha movido ya es la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha presentado este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una demanda contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que figuran su expresidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle. " Estamos delante de un grave accidente del capitalismo en España. No es un proceso de expropiación, sino de incautación", subrayó.
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