Pese a disponer de unos recursos propios de más de 11.000 millones de euros, el Mecanismo Único de Resolución (MUR) de la Unión Europea concluyó que Banco Popular no podía "hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos" y, ante un escenario de "quiebra" de la sexta entidad de España, decidió ejecutar su intervención para salvaguardar la salud del sistema financiero. De nada sirvieron los intentos de la dirección del banco, con Emilio Saracho al frente, de convencer al Banco Central Europeo (BCE) de que era posible encontrar una solución privada, por su cuenta, sin tener que estrenar un MUR diseñado para evitar un colapso financiero comunitario. Banco Santander, la mayor institución crediticia de la UE, ha sido el elegido para engullir los activos y pasivos del Popular por el simbólico precio de un euro. De paso arrasará con los ahorros e inversiones de más de 300.000 accionistas, entre ellos la Fundación Barrié (2,567% del capital); el capital de Banco Popular será diluido a cero y no volverá a cotizar.
Para digerir la operación el Santander ampliará capital en unos 7.000 millones de euros, aunque mantiene intactos sus objetivos de crecimiento y ratio de solvencia. "Es una operación muy buena para nosotros, tanto en España como en Portugal", admitió la que será presidenta de un gigante bancario, Ana Botín. Será líder en ambos países y alcanzará una cuota de mercado de sucursales del 29% en Galicia. La intención de la directiva es "no perder un solo cliente" y de deshacerse de la mitad de los activos improductivos (vinculados al ladrillo) del Popular en 18 meses. La solidez del banco, que había encargado a Citi un examen preliminar de la operación pese a no haber realizado una oferta de compra, decantó la invitación a su favor por parte de las autoridades europeas. "Llegaron a la conclusión -admitió Botín a Bloomberg- de que no era posible una solución privada y ayer (por el martes) nos invitaron a participar".
"Todos habíamos estudiado la operación, así que el análisis estaba hecho", explicaron a FARO fuentes conocedoras de las negociaciones. "Todo se precipitó en las últimas horas, pero la decisión empezó a cocerse el viernes". Fuentes del mercado explicaron que Emilio Saracho y el CEO del grupo, Ignacio Sánchez-Asiaín, trataron de convencer el martes al BCE de que sí hallarían una "solución privada". "Desde JP Morgan (a quien habían encargado la recepción de ofertas no vinculantes) le pidieron que hicieran una notificación, que dieran un paso adelante en el proceso, aunque fuera una selección preliminar de un par de ofertas". Se le pedía a fin de cuentas alguna señal de que había avances, pero Saracho desechó la opción. "Quería tiempo, insistió en esperar al 10 de junio" pero, zanjan las mismas fuentes, "ya era imparable".
La decisión
Habituados a un lenguaje financiero sin matices, la resolución de la Junta Única de Resolución del MUR (participa en ella un español, Antonio Carrascosa, exdirector general del FROB) es especialmente dura. "La entidad está fallida o próxima a estarlo. En concreto, teniendo en cuenta el rápido deterioro de la situación de liquidez de la institución, el BCE ha considerado que hay suficientes para determinar que será incapaz de pagar sus deudas". Además, destaca que "el proceso de venta iniciado por Banco Popular" no tuvo éxito y los competidores guardaron sus ofertas mientras el valor se desangraba en Bolsa y sufría previsiblemente una fuga de depósitos. El diagnóstico de "inviabilidad" era irreversible.
La valoración del banco, a cargo de un experto independiente de la UE, ronda entre los 2.000 y 8.200 millones de euros negativos (en el segundo caso para un escenario estresado), de ahí la reducción a cero del capital y la obligación de los accionistas de asumir por completo las pérdidas. Los últimos perjudicados han sido los Luksic, una familia de potentados chilenos que declaraba hace apenas un mes una participación del 3,014% que ahora no vale nada. Se gastaron 90 millones de euros; el banco se ha entregado por 750 pesos chilenos, como destacó ayer la prensa de Lima. Con las pérdidas que sufrirán los tenedores de instrumentos de capital se trata -apostilló el FROB- de "minimizar los efectos de la resolución de una entidad en los recursos de los contribuyentes y asegurar una adecuación de los costes de la resolución entre accionistas y acreedores". ¿Y tendrán derecho a reclamar a Banco Santander?
No. La razón la ha dado también el FROB. Según el reglamento europeo los accionistas no pueden sufrir pérdidas mayores a las que soportarían si Banco Popular, en este caso, "hubiera iniciado un procedimiento concursal ordinario". El mismo experto fichado por Bruselas ya ha estimado que no sería el caso, con lo que "no ha lugar al pago de compensación alguna" y "la reducción de capital a cero se estima una medida proporcionada". En las últimas cuentas trimestrales del banco constan 305.152 accionistas, cifra que previsiblemente se habría reducido en los últimos días. Solo desde el 26 de mayo el Popular perdió el 66% de su valor en Bolsa y cerró la sesión del martes (ayer fue suspendido de cotización) con una capitalización de solo 1.330 millones de euros. A 31 de marzo era de 3.820 millones. Lo que sí deberá asumir el Santander es la devolución de las cláusulas suelo abusivas, para lo que el Popular había provisionado 534 millones de euros.
