27 de mayo de 2017
27.05.2017

El juez del "caso Rato" archiva de forma provisional la pieza sobre privatizaciones

Señala que las decisiones fueron colegiadas - La fiscalía recurrirá el auto

27.05.2017 | 01:55
Rodrigo Rato. // Reuters

El juez del "caso Rato", Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional por falta de pruebas concluyentes la investigación abierta sobre el ex ministro de Economía y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el supuesto pago de compensaciones a sociedades suyas o de su familia por las empresas que él privatizó una vez que dejaron de pertenecer al sector público. El juez considera que la atribución de posibles delitos de blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos que hizo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se basan en una "hipótesis sin sustento fáctico actual".

Aunque empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron a sociedades relacionadas con Rato y su familia casi 83 millones por la realización o contratación de campañas de publicidad en medios, el juez sostiene que "no existen indicios más allá de la sospecha" de que Rato tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas ya que, en muchos casos, esas ventas de empresas públicas y la previa designación de sus presidentes y dirigentes "estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada" tanto en las compañías como en el Consejo de Ministros.

El magistrado se opone por ello a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, pero fuentes jurídicas aseguraron a la agencia Efe que la Fiscalía recurrirá la decisión al estimar la existencia de suficientes indicios penales para mantener abierta esta pieza separada del caso, como acreditaría el atestado, que ponía el foco sobre la sociedad Cor Comunicación, perceptora de muchos de esos contratos. Hace un mes la fiscalía anticorrupción pidió la comparecencia de Rato por este caso. Para la UCO, Cor habría sido la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa, Paradores y Repsol. El juez alega que en muchos nombramientos de presidentes de empresas privatizadas influyeron el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el Ministerio de Industria de la época.

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