Rodrigo Rato (Madrid, 1949), considerado durante años como un gestor impecable y autor del "milagro español", afronta un futuro judicial cada vez más tenebroso. Hace tres meses ya fue condenado por el caso de las tarjetas de crédito mediante las que Bankia pagó a consejeros y directivos sobresueldos e incentivos opacos a Hacienda. Este fallo de la Audiencia Nacional fue recurrido por los 63 condenados.
Sobre Rato pesan además la causa abierta sobre la gestión de su patrimonio y la comisión de supuestos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y otros, y por los que fue detenido en su domicilio y objeto de registros en su vivienda y una oficina en abril de 2015. Las indagaciones sobre su patrimonio no han concluido y existen nuevas líneas de investigación sobre el supuesto fraude fiscal con la impartición de conferencias tras su marcha del FMI en 2007 y otra muy reciente sobre el posible cobro por sociedades suyas y de su familia de contratos por parte de empresas que él había privatizado como ministro. Los pagos (82 millones) se habrían producido durante su etapa en el Gobierno y después, lo que podría constituir sendos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos. La Guardia Civil también lo acusa de blanqueo de capitales durante su mandato en el FMI.
El auto de ayer del juez Fernando Andreu pide el procesamiento de Rato y otras 33 personas físicas y jurídicas al considerar acreditado que falsearon las cuentas de Bankia en 2010 y 2011 para "maquillarlas" y aparentar una realidad "que no reflejaba la imagen fiel de las mismas", lo que dañó a los futuros accionistas y al Estado. A siete de los imputados (Rato, Norniella, Olivas, Verdú, Celma, Bankia y BFA) les atribuye a su vez un delito adicional de fraude a los inversores por la inclusión de las cuentas falseadas en el folleto de venta de acciones.
