La segunda mitad de los meses de noviembre y diciembre de 2013 fueron especialmente duras en el tiempo en España, con la ciclogénesis explosiva Dirk que barrió todo el país en la víspera de Nochebuena y que en Galicia dejó vientos de hasta 136 kilómetros por hora y unos 90.000 hogares sin suministro eléctrico. No fue, pues, un periodo de pocas lluvias. Y, sin embargo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los embalses de Iberdrola en varias cuencas, incluida la del Miño-Sil, donde tiene sus principales infraestructuras hidráulicas, tuvieron una actividad inusualmente baja que el superregulador achacó tras una investigación a los intentos de la compañía para "manipular" el mercado. Al cerrar el grifo de las presas, en el sistema tuvieron que entrar otras tecnologías más caras, como los ciclos combinados de gas, y los precios de la luz se dispararon. La CNMC decidió en noviembre de 2015 sancionar a Iberdrola por estos hechos con 25 millones de euros. La multa está paralizada en la Audiencia Nacional, a la que la compañía recurrió, aunque los acontecimientos pegan un giro de 180 grados ahora tras aceptar la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta manipulación de los precios para lograr un "lucro ilícito" de 20 millones de euros. Iberdrola lo niega rotundamente y asegura que está a disposición de la justicia.

Esta es la primera vez que la Fiscalía lleva a una energética ante los tribunales, como avanzó ayer El País. Lo hace con la acusación de un delito contra el mercado y los consumidores, recogido en el Código Penal.

Al igual que en su momento la CNMC, Anticorrupción apunta a lo ocurrido en el mercado mayorista eléctrico entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, tres semanas de precios cada vez más altos en los que la filial de generación de Iberdrola, según la resolución del regulador, "persiste en su objetivo de retirar la capacidad hidráulica que venía ofertando" para "provocar un incremento adicional en el precio del mercado". "La conducta infractora implica la pérdida para el sistema de la generación asociada a la adecuada gestión de la producción hidráulica de las centrales de Duero, Sil y Tajo", dice la CNMC, que llegó incluso a responsabilizarse de un alza en el mercado diario de 7 euros por megavatio a la hora (MWh).

La demanda de Anticorrupción insiste en la misma teoría, que Iberdrola ideó "un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda" con "la finalidad de lucrarse ilícitamente".

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite la denuncia y ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a registrar las sedes de la empresa en Madrid y Bilbao.

Iberdrola negó ayer "rotundamente" que hubiera existido "cualquier manipulación fraudulenta". "No medió en ningún momento engaño o fraude y nunca hubo intención de alterar el precio de la electricidad", explicaron fuentes de la compañía a la agencia Efe. Su división de generación "actuó siempre como un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas", algo que, defiende, la compañía probó "mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes". Sobre la resolución de la CNMC, Iberdrola insiste que es "manifiestamente incoherente" con otras decisiones previas del organismo.