Si usted es uno de los miles de gallegos que compraron un coche entre 2012 y 2014 al amparo de las ayudas económicas del Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente, el Plan PIVE, y no incluyó la subvención en la declaración de la renta de esos ejercicios, seguramente pronto recibirá una notificación en la que la Agencia Tributaria le avisará de que, efectivamente, debió haber declarado la ayuda. De hecho son prácticamente 10.000 los gallegos a los que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda exigirá la presentación de una declaración complementaria -para corregir errores en la declaración original o incorporar datos obligatorios, como en este caso, que no se hicieron constar en su día- para evitar la multa. De no presentar la complementaria, son exactamente 9.904 gallegos los que se arriesgan a la sanción económica.
Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron a este diario que el organismo está enviando cartas informativas "a los contribuyentes de los que existe información que permite entender que recibieron la ayuda, por la que debían tributar como ganancia patrimonial" entre los ejercicios 2012 y 2014. Los anteriores ya están prescritos.
El Plan PIVE, con el que el Gobierno de Mariano Rajoy buscó reducir el consumo energético nacional e impulsar el alicaído sector de la automoción, ha estado rodeado de no pocas polémicas: desde casos de fraude -hasta 75 personas fueron detenidas el pasado febrero por un fraude masivo en la solicitud de ayudas- hasta denuncias de que el programa acabó desembocando en un incremento de los precios de los vehículos.
Lo cierto es que el PIVE ayudó a reactivar la industria del automóvil en España y permitió a miles de ciudadanos renovar sus coches gracias a las subvenciones estatales. Pero esas ayudas económicas de las que se beneficiaron los compradores para sustituir sus vehículos por otros más modernos -menos contaminantes y más eficientes desde el punto de vista energético, el objetivo primordial del plan- debían incluirse en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Y a tenor de las cifras, fueron muchos los que, por desconocimiento u otros motivos, no lo hicieron.
El Gobierno del PP, en una respuesta parlamentaria a una pregunta de los diputados socialistas Patricia Blanquer, María Guadalupe Martín González y Antonio Hernando, explica que la Agencia Tributaria, a través de sus delegaciones territoriales, "está notificando a cada ciudadano su deber de declarar los importes correspondientes a las ayudas del Plan PIVE (Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente)". Además, el Ejecutivo agrega que Hacienda está "proponiendo" a los afectados "la realización de una declaración complementaria del año que corresponda".
En toda España son alrededor de 130.000 los contribuyentes que han recibido o recibirán en fechas próximas la notificación de la Agencia Tributaria. Exactamente son 130.527 las personas que se arriesgan a la sanción de Hacienda y que se reparten por todas las comunidades autónomas, desde los solo diez afectados de Navarra hasta los más de 25.000 casos de Cataluña.
En el caso de Galicia son esos casi 10.000 beneficiarios de las ayudas del Plan PIVE los que deberán presentar una declaración complementaria para rendir cuentas de los mil euros a los que ascendían las ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Plan PIVE incluía una ayuda de otros mil euros que corría por cuenta de los concesionarios de automóviles, pero esta parte sí que está totalmente exenta de declaración.
¿Quiere decir esto que esos casi 10.000 gallegos afectados tendrán que afrontar el pago de una multa? No necesariamente. Las personas que no incluyeron los mil euros de ayuda en su declaración del IRPF tendrían que ignorar el aviso de la Agencia Tributaria para ser definitivamente sancionadas. Así pues, si los infractores reconocen el aparente desliz y acceden a presentar la complementaria, su caso, cuando menos en principio, quedaría archivado. En caso contrario, si no se hace la declaración adicional, Hacienda les enviaría un requerimiento exigiendo la tributación de la subvención e impondría la correspondiente multa.
¿A cuánto podría ascender la sanción? El montante dependerá de si el ciudadano acepta finalmente la multa y la paga en breve plazo, con lo que podría ahorrarse parte importante de la deuda. Una deuda que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula en hasta un 50% de la ayuda, hasta 500 euros, si bien la cuantía dependerá también de la base liquidable de la renta del infractor.
