La macroplanta que Pescanova construyó en Mira, ahora propiedad de las entidades financieras (BPI, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos y NovoBanco), ha ganado un mes de plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar la quiebra. La multinacional de Chapela instó el 31 de enero y a través de la filial Insuiña un Processo Especial de Revitalização (PER), una especie de preconcurso para, dijo, "salvar la planta". El administrador judicial de la factoría, Bruno Miguel da Costa Pereira, indicó en el documento remitido al juzgado de Coimbra que su intención es "concluir las negociaciones en curso". Según la legislación portuguesa esta prórroga de 30 días es un plazo "no prorrogable", lo que complica las negociaciones en el caso de procesos de gran complejidad. La lista provisional de acreedores está compuesta por 124 personas jurídicas y físicas con un pasivo conjunto de 166,6 millones.

En el preconcurso de Acuinova Actividades Piscícolas (es el nombre de la empresa que gestiona la planta) Pescanova declaró una deuda de 40,7 millones a través de cuatro subsidiarias, como avanzó FARO: Nueva Pescanova, Pescanova Portugal, Novapesca Trading e Insuiña. Esta última es la filial dedicada a la cría y engorde de rodaballo, que asume la producción de pescado en las instalaciones y sus 127 trabajadores. Los errores en la construcción, que provocaron pérdidas de 70 millones con la muerte de gran parte de los ejemplares, han hecho de la de Mira una instalación poco atractiva a los inversores. Funciona al 30% y necesitaría una reparación millonaria para reactivar la fase dos. Aspiraba a producir 7.000 toneladas al año; al mercado solo saca un máximo de 2.300, según la compañía. Durante la fase concursal, y con la liquidación de stocks para generar liquidez, Pescanova vendió ejemplares de pequeño tamaño y provocó la caída de los precios. Su competidora en este segmento, Stolt Sea Farm, fue entonces un daño colateral.

Pese al importe trasladado por Pescanova los mayores acreedores de la macroplanta son los bancos porque el proyecto se financió como un project finance (no tiene garantía, es la propia instalación la que actúa de aval). Así Banco Comercial Portugués reclama 31,2 millones, por los 31 de BPI, otros 31,6 Novo Banco (antes Banco Espírito Santo) o los 27,9 de Caixa Geral. La unión de empresas encargadas de la obra, lideradas por Sacyr, trasladó al administrador judicial una reclamación por importe total de 15 millones, rechazada de inicio por Da Costa Pereira.