30 de marzo de 2017
30.03.2017

La subida salarial del funcionariado en un 1% acarrea un gasto de 40 millones para la Xunta

Los sindicatos rechazan el incremento por considerarlo insuficiente

30.03.2017 | 02:11

La subida salarial de 1% para los empleados públicos que el Gobierno central establecerá en los presupuestos generales del Estado para este año será de obligado cumplimiento para el resto de las administraciones. En el caso de Galicia, esta medida supondrá un gasto adicional para la Xunta de 40 millones de euros, según los cálculos de la Consellería de Facenda.

No obstante, para hacerse efectivo este incremento del sueldo de los funcionarios, primero se tendrán que aprobar los presupuestos, una tarea que a estas alturas no está garantizada dado que el Partido Popular no dispone de mayoría absoluta en el Congreso. Además, en el caso de salir adelante, por el medio aún quedaría todo el trámite parlamentario y las negociaciones con los grupos políticos, por lo que la cifra de aumento salarial podría variar.

Pero según la previsión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comunicada ayer a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, el incremento no pasará del 1% y la recuperación del poder adquisitivo que reclaman los sindicatos se llevará a cabo mediante un plan plurianual "en los años 2018, 2019 y 2020".

Con un gasto de personal que supera los 3.800 millones de año, el incremento del 1% supondrá un gasto adicional para las arcas de la Xunta de 40 millones de euros. El Gobierno gallego no tendría, en todo caso, que realizar ninguna modificación legislativa para trasladar a los funcionarios gallegos la subida salarial, ya que sería de aplicación automática dado que una disposición adicional incorporada a la ley de acompañamiento presupuestario ya prevé este escenario.

Los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas -a la que no acudió la CIG-, ya expresaron su rechazo al incremento salarial por escaso. El presidente de CSIF, Miguel Borra, la tachó de "inasumible" y reclamó una recuperación de la estructura salarial previa a la bajada salarial del 5% aprobada por el Gobierno socialista en 2010, a la que le sucedió la congelación al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1%.

El coordinador del Área Pública de CC OO, Antonio Cabrera, también contestó con un "no rotundo" a la subida del 1% al suponer pérdida de poder adquisitivo y el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, tachó de "no serio" el planteamiento ante la previsión de un IPC del 1,2%, por lo que considera que este incremento "destroza el discurso de superación de la crisis".

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