La Justicia es la única alternativa que les queda a los 2.800 emigrantes retornados y venezolanos retirados en Galicia para reclamar las pensiones de jubilación que el Gobierno de Maduro les adeuda desde enero del año pasado y 200 de ellos ya han recurrido a los tribunales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha dictado medio centenar de sentencias a favor de los pensionistas al desmontar el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de bloquear las compensaciones sociales si existe derecho a una pensión otorgada por Venezuela, aunque esta no sea efectiva. De hecho, a los que recibieron alguna paga complementaria del Gobierno español ahora el INSS les exige la devolución de ese complemento al figurar como pensionistas en activo a pesar de que no perciban la cuantía que les corresponde.
El TSXG considera, sin embargo, que si el demandante demuestra que no tiene ingresos porque no cobra esa pensión tendría que optar a asistencia del Gobierno español, y en algunos casos incluso se falló con la compensación de una pensión no contributiva. Como muchos de los perjudicados desconocen este proceso, la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg) celebrará un encuentro hoy en A Coruña para informarles. El acto será en la cafetería Maracaibo Beat (calle Don Bosco, 9) a partir de las 11.00 horas.
El proceso se inicia con una apelación administrativa que luego pasa al Juzgado de lo Social y si el INSS recurre al TSXG, donde unos 50 afectados ya han ganado la batalla judicial. El resto de los 200 casos que iniciaron la denuncia el año pasado siguen en el tribunal de lo Social. Al margen de las demandas particulares, la Liga Pro Derechos Humanos presentará una demanda colectiva para agilizar la resolución de un problema que afecta a 8.000 personas en España.
El incumplimiento por parte del Gobierno de Nicolás Maduro del convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela -vigente desde mayo de 1988 y que garantiza el pago a los cotizantes en Venezuela que residen en España y viceversa- ha abocado a los pensionistas a "un estado de indefensión". Desde la organización aclaran que algunos de los retornados hicieron dinero en su estancia en el país venezolano y pueden ir subsistiendo con sus ahorros pese a los impagos. Pero alertan de que casi un 30% de los 2.800 afectados se han quedado "desamparados y arruinados".
Por otra parte, el colectivo de emigrantes retornados de Galicia valora que su denuncia en Bruselas de "persecución" de la que aseguran ser objeto por parte de la Hacienda española siga su curso y confía en que, "aparte de un tirón de orejas" al Gobierno, sirva para alcanzar una solución a su problema. Representantes del colectivo y del BNG destacaron a las puertas de la delegación de la Agencia Tributaria en Vigo que su reivindicación "sigue viva" tras la comparecencia esta semana de Alexandre Lago, en representación de los afectados, ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara.
