La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha facultado a su presidente, Antón Arias, a que negocie con tres de sus extrabajadores para evitar ir a juicio por despido improcedente. La comisión ejecutiva, reunida este jueves de manera extraordinaria en Santiago, aprobó el desembolso por este concepto de una cuantía que ronda los 400.000 euros, según pudo saber FARO en fuentes de la patronal. Los tres vocales de Ourense en ese órgano de gestión se abstuvieron en la votación. El año pasado la plantilla de la confederación pasó de 20 a una decena de empleados tras los despidos de tres directivos (uno de ellos era el secretario general, Fausto Santamarina), cuatro personas adscritas al Plan Pexga y una empleada con la que se terminó el contrato de común acuerdo. La CEG no aplicará la reforma laboral para el cálculo de las indemnizaciones, que rozarán -sostienen las mismas fuentes- los 45 días por año trabajado.

Solo para el caso de Santamarina la patronal gallega reserva una partida de unos 250.000 euros, que equivalen a una quinta parte de la hipoteca que recibirá por la sede, de 1,2 millones de euros. Aunque la banca admite que la situación en la CEG no es de su agrado por la "inestabilidad" de sus órganos de gobierno, desde las entidades sostienen que no ha habido "ningún cambio" tras la baja temporal de la patronal de Pontevedra y que la hipoteca continúa en "fase de estudio". Eso sí, respecto a diciembre, y como avanzó FARO, el pool bancario ha encarecido el préstamo al pasar de un 2 a un 2,8% de tipo de interés, lo que redundará en una cuota mensual de 1.000 euros más.

De momento, y mientras no se formalice el contrato con las entidades (están capitaneadas por Abanca), la situación económica de la CEG sigue siendo asfixiante, como reconocen en la casa. A este fuerte desembolso por las tres indemnizaciones hay que sumar el aval para el contencioso planteado contra la Xunta, que reclama 648.000 a la CEG por el incumplimiento parcial del Plan Pexga. Los intereses de la confederación serán representados por el bufete coruñés Caamaño, Concheiro & Seoane, en el que participa el exministro socialista Francisco Caamaño.

Entre los gastos que se cargaron de forma irregular al programa Pexga hay 3.000 euros por el arreglo de la oficina de Argentina (se abonó en efectivo, y el límite para esta forma de pago eran 1.000 euros) o un servicio de chofer por 1.694 euros para Antonio Fontenla en México. El Igape sostuvo que esta factura era "excesiva" y "muy superior a los precios de mercado". Lo mismo apreció en los más de 6.000 euros que costó un viaje capitaneado por Fontenla a Moscú en 2011. Eso sí, el grueso de los gastos supuestamente irregulares se corresponde a gastos de estructura (alquileres de locales, fianzas y recibos) que para el Igape no entran dentro del convenio. A mayores la patronal gallega ha avanzado que contratará a un bufete externo para reformar los estatutos y sopesa suplir la baja de Santamaría en la secretaría general con un contrato mercantil.

La situación en la CEG es en extremo complicada tras la baja temporal aprobada en la patronal de Pontevedra por unanimidad y las acusaciones de su presidente, Antón Arias, que acusó a su homólogo pontevedrés, Jorge Cebreiros, de una estrategia de "acoso y derribo" para ocupar su puesto. "Quizás Arias pueda creer que todos somos iguales y que cualquier procedimiento para llegar a la presidencia es válido. Pero no todo vale, y así se lo hemos trasladado los verdaderos empresarios tenemos código de valores", zanjó Cebreiros a FARO.