El juez Fernando Andreu, instructor del "caso Bankia" sobre las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad en 2011, investigará a las excúpulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por orden de la Audiencia Nacional. La sección tercera de la sala de lo Penal, que preside el magistrado Antonio Díaz Delgado, ha estimado el recurso de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), por lo que obliga a citar como investigados -lo que antes se conocía como imputados- al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a su ex número dos Fernando Restoy, y al que fuera presidente de la CNMV Julio Segura.

El auto también llama a declarar en la misma calidad al exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, al exdirector de Supervisión Jerónimo Martínez Tello, a Mariano Herrera, a Pedro González y a Pedro Comín. Estos tres últimos, que aún seguían trabajando en el Banco de España como directivos de Supervisión e Inspección, presentaron ayer su renuncia al cargo con el fin de que su citación para declarar como investigados "no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España".

La Audiencia Nacional considera que la petición de la CIC es "razonable y razonada". La sala asume los argumentos de la acusación -que cargó contra el Banco de España y la CNMV por "incitar" a Bankia a la "huida hacia delante" del debut bursátil- en tanto que "existen indicios múltiples, bastantes y concurrentes" de que dieron luz verde a la operación a pesar de las "reiteradas" advertencias de los grupos de inspección.

Los correos electrónicos

Los magistrados valoran las pruebas testificales practicadas desde 2012 -fecha en la que comenzaron las pesquisas- hasta la fecha así como los correos electrónicos intercambiados con sus superiores por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus. En tales comunicaciones, Casaus señalaba que el grupo BFA-Bankia era inviable "a medio plazo", y advertía de los "graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia".

La sala de lo Penal, integrada por los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Eugenia Bayarri y Ana María Rubio contradice ahora al instructor Andreu, que el pasado noviembre rechazó por tercera vez investigar a los altos funcionarios de los organismos reguladores al estimar que la responsabilidad en las decisiones de gestión correspondía "en exclusiva" a los órganos de administración. Al respecto, la sala remite al informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, quien planteó que, de cuestionar la viabilidad del grupo, la responsabilidad "no sería exclusiva de los administradores o del auditor" sino también de otros actores, en este caso "los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño".

No obstante, los magistrados se oponen a que el Banco de España aporte todos los correos, al tratarse de una prueba "manifiestamente excesiva". Además, consideran que en la fase actual de la instrucción no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídica de los hechos (posible estafa de inversores del artículo 182 bis del Código Penal).

La acusación popular del "15MpaRato" asegura que la decisión de la Audiencia Nacional muestra que "las compuertas empiezan a ceder frente a las evidencias", aunque cree que no debe interpretarse como una desautorización a la labor del juez Andreu. Colectivos de consumidores como Asufin aplaudieron la decisión de la Audiencia, y han alabado la actuación de "jueces y abogados independientes que están devolviendo la cordura al sistema".

Tras el aviso de la sala, se espera que el juez Andreu emita sus citaciones, momento en el que se confirmará la incorporación de estos ocho cargos a una causa en la que ya figuran el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, su exvicepresidente, José Luis Olivas, y Deloitte, firma que auditó las cuentas supuestamente "falseadas", además de una treintena de personas.