09 de febrero de 2017
09.02.2017

Rato ocultó al fisco 14 millones desde que dejó el Gobierno, según Antifraude

El exministro, que niega la acusación, habría defraudado 6,5 millones entre los años 2004 y 2015 - El dictamen lo acusa de autoconcederse una subvención

09.02.2017 | 02:19
Rodrigo Rato, el año pasado en Gijón. // Marcos León

La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber ocultado al fisco rentas percibidas entre 2004 y 2015 por un importe superior a los 14 millones de euros, con lo que habría defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones desde que dejó el Gobierno de España, en 2004. No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 (fiscalmente prescritos), el supuesto fraude se reduciría a unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores todos los años a los 120.000 euros anuales, importe que se considera delito fiscal.

El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, y que está en curso de otros procesos judiciales por su gestión al frente de Caja Madrid y de Bankia, negó los hechos. El expolítico aseguró que "en todo momento ha actuado conforme a las leyes tributarias" y anunció que contestará "puntualmente" a la acusación.

Según la ONIF, el ex director-gerente del Fondo Monetaria Internacional (FMI) y ex vicesecretario general del PP, habría cometido el fraude mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente, ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas y rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.

El documento, de 642 páginas, acusa también a Rato de haberse autoconcedido una subvención pública de casi un millón de euros cuando era ministro. La ONIF atribuye al ex vicepresidente del Gobierno la titularidad de la sociedad Layosalud SL, que promovió la construcción de un hotel de cinco estrellas en la localidad toledana de Layos y por cuya explotación recibió en 2003 una ayuda pública ligeramente inferior al millón de euros de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por Rato.

Además del avance de la investigación sobre su patrimonio, otros miembros de su familia siguen bajo indagación judicial. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que investigue a Santiago Alarcó, excuñado de Rodrigo Rato, por la compra a Bankia, cuando la entidad estaba ya presidida por José Ignacio Goirigolzarri, de una propiedad singular en el pueblo segoviano de Vegas de Matute. Alarcó adquirió el inmueble, candidato a ser traspasado al "banco malo" (Sareb) en 300.000 euros, a un precio muy por debajo de los dos millones en los que llegó a estar valorado, y poco después lo vendió y obtuvo una ganancia de 235.000 euros.

A su vez, la Audiencia Provincial de Madrid también ha desestimado la petición de Rato para que se anulase la pieza separada por la contratación de Alarcó por Bankia bajo la presidencia de Rato por si fuera constitutivo de un delito de administración desleal.

El PSOE pidió ayer que caiga "todo el peso de la ley" sobre Rato porque los ciudadanos deben estar "escandalizados". Y Ciudadanos exigió una investigación parlamentaria: Es "increíble", dijo, que el exvicepresidente del Gobierno "pidiera permiso a su compañero de Hacienda" (Cristóbal Montoro) "para regularizar el dinero que tiene fuera".

El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna de Rato comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.

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