El 9 de diciembre la Agencia Federal de Pesca de Estados Unidos promulgó un dictamen para regular la importación de varias especies de pescado que, a su juicio, están especialmente afectadas por pesca ilegal o fraude en el etiquetado. La norma nació con gran polémica y necesitó menos de un mes para recibir una demanda en contra de varios gigantes de la industria norteamericana. Están comandados por Trident Seafoods (factura 2.500 millones de euros), pero aparecen Pacific Seafood Group (1.100 millones), Pacific Seafood Processors, National Fisheries Institute o Handy Seafood. Argumentan que los nuevos requerimientos de etiquetado encarecerán el pescado de manera "dramática".
"La norma exigirá a los importadores (Estados Unidos es el país que más productos pesqueros adquiere, por valor de 15.000 millones de dólares anuales) a trazar el origen de cada pescado, incluso a especificar qué barco lo capturó y en qué océano", clama la demanda del sector, a la que ha tenido acceso FARO. "Desde un pescador a un broker en Perú, Islandia, Indonesia, Canadá hasta los elaboradores de Ecuador, Tailandia, Vietnam o Noruega, tendrán que ofrecer estos datos a las empresas importadoras" para que éstas a su vez, continúa el documento, cubran una hoja de datos "de 16 puntos". En opinión del sector, el incremento de costes será tan alto que los consumidores tendrán que privarse de comer productos del mar.
En concreto la norma afecta a la trazabilidad y etiquetado de una quincena de especies: bacalao (atlántico y pacífico), dos tipos de cangrejo, mahi-mahi (lo trabajan firmas como Pescanova, Profand o Interatlantic en Perú), mero, pargo rojo, pepino de mar, tiburón, pez espada y cinco tipos de atún. Con el endurecimiento de los requisitos para la importación de estas especies el Gobierno Federal (National Marine Fisheries Service) quiere detectar cualquier pescado capturado ilegalmente o sin declarar, pero el sector considera que el departamento de Comercio o la FDA ya tienen capacidad para frenar las importaciones irregulares. La norma, además de al sector norteamericano, tendría una transcendencia a nivel global en caso de aplicarse por parte de cada exportador, ya que forzaría la instalación de sistemas de monitoreo a bordo que numerosos países no exigen.
