Un escándalo ha salpicado al grupo naval holandés Damen, los astilleros que en el año 2006 promovieron la denuncia contra el antiguo tax lease español -el sistema de bonificaciones fiscales usado por los constructores navales- que llevó al sector a una de sus mayores crisis de la historia y que la justicia, nueve años después, demostró que era infundada. Según recogen varios medios holandeses, un grupo de inspectores fiscales del Gobierno neerlandés registró las oficinas centrales de Damen en Gorinchem como parte de una investigación sobre un supuesto caso de soborno a personal de un gobierno extranjero. Los investigadores sospechan que Damen, que opera 32 factorías navales en todo el mundo (14 en los Países Bajos), habría pagado comisiones para asegurarse la adjudicación de contratos.

Los registros se llevaron a cabo el pasado viernes 13 de enero y se no se realizaron detenciones, pero los inspectores se llevaron numerosa documentación, según Dutch News. El caso podría estar relacionado con un presunto caso de fraude que salió a la luz en 2016 y que involucró al grupo de astilleros holandés en África. Supuestamente, Damen habría pagado comisiones a un agente para adjudicarse el encargo de una patrullera de pesca licitada por Sierra Leona en el año 2013, lo que obligó a intervenir al Banco Mundial. El grupo neerlandés confirmó la visita de los investigadores fiscales, pero "la naturaleza de la investigación es actualmente desconocida para Damen", que aseguró que cooperaría en lo necesario con los investigadores.

El presunto escándalo de sobornos está siendo seguido con mucho interés en Holanda, ya que Damen es la mayor empresa de construcción naval del país (llegó a pujar con varias navieras por el astillero de STX France, en Saint Nazaire, Francia), con 9.000 trabajadores directos, 14 factorías navales en Países Bajos y 18 en el resto del mundo. El consorcio tiene una facturación superior a los 2.100 millones de euros y es capaz de entregar al año una media de 180 barcos.

Damen es un viejo conocido del sector naval gallego, tanto como cliente de la industria auxiliar y los fabricantes de equipos y componentes de la comunidad, como por su participación directa en la crisis del antiguo tax lease. El grupo holandés, a través de la patronal de los astilleros neerlandesa, impulsó la denuncia contra el antiguo régimen de incentivos fiscales español y se benefició de la apertura de expediente por parte de la Comisión Europea (CE) que hundió la contratación de buques en este país. La crisis del tax lease, que sí era legal, abocó al cierre a seis astilleros españoles, causó miles de despidos en el sector y comprometió el futuro de una industria que hoy empieza a consolidar su recuperación.