El Gobierno y el PSOE han pactado las condiciones de la solución extrajudicial gratuita que podría permitir a los 1,4 millones de titulares de hipotecas con cláusula suelo -unos 200.000 en Galicia- recuperar el dinero cobrado indebidamente por la banca desde que comenzó a comercializar este tipo de condiciones contractuales sin necesidad de pleitear con su banco y de incurrir en costes. Sin embargo, esta vía extrajudicial, que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy aprobará mediante un real decreto-ley posiblemente en el Consejo de Ministros de mañana, no cancela el derecho a acudir a los tribunales y además deja en manos de las entidades financieras determinar si accede o no a la devolución de los importes de forma voluntaria.
La reciente sentencia del Tribunal Europeo amplió el carácter retroactivo para recuperar el dinero desde el momento de la formalización de los créditos hipotecarios y no sólo desde 2013, como había establecido el Tribunal Supremo. Sin embargo, no modificó la limitación del derecho a ser resarcidos sólo los clientes en cuyos contratos las cláusulas fuesen abusivas u opacas.
El decreto-ley obligará a los bancos a comunicar a todos sus clientes la apertura del proceso extrajudicial. Esta será una opción voluntaria para los usuarios, y los bancos tampoco estarán obligados a pactar si consideran que sus contratos eran transparentes y no abusivos. Para incentivar a las partes a que negocien de forma voluntaria, lo que ahorraría costes y tiempo a los clientes, se establece que, en caso de que los usuarios acudan a la vía judicial, el banco será condenado en costas si el juez le impone una devolución superior a la que hubiese ofrecido al hipotecado, pero no si este opta por la vía judicial y el fallo le reconociese una cuantía igual o menor a la que le haya planteado su entidad para pactar.
El banco deberá abrir el proceso de entendimiento en el plazo máximo de un mes desde que lo apruebe el Gobierno y las partes tendrán tres meses para llegar a un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Cuando el banco plantee su propuesta compensatoria, el cliente dispondrá de quince para aceptar o no. Los clientes no tributarán por lo que perciban pero sí tendrán que devolver lo que hubiesen desgravado por los importes que le sean devueltos.
La asociación de usuarios de banca Adicae considera que el acuerdo alcanzado por PP y PSOE "deja muchos flancos abiertos" a los intereses de las entidades financieras y teme que resulte "ineficaz". La organización aseguró ayer que la "presión" de la banca por condicionar las medidas a aprobar "puede acabar consiguiendo que el sistema extrajudicial replique en sus consecuencias" el arbitraje de las preferentes, que haya afectados que no recuperen las cantidades que la Justicia les reconoció o que se propicien quitas o la "colocación" de productos. A su juicio, el sistema "podría facilitar que algunas entidades puedan mantenerse en su negativa a anular e indemnizar a los consumidores defraudados".
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió de que velará por los derechos de los consumidores y por que se les devuelva el importe íntegro cobrado de más "con todas las garantías". La asociación, no obstante, ve positivo que el banco informe de la posibilidad de recuperar el dinero por vía extrajudicial y que sean los consumidores quienes decidan qué hacer.
