La política fiscal del Gobierno va en contra de garantizar el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes), fomentar la internacionalización y atraer inversión extranjera. Es la opinión del Círculo de Empresarios de Galicia, que opina que con la decisión de elevar el Impuesto de Sociedades se ha desaprovechado una oportunidad de sentar unas bases para un crecimiento sostenido y sólido de la economía del país. Para la institución que preside Juan Güell, el Ejecutivo solo repercute de este modo en las pymes (casi el 90% del tejido empresarial gallego) las políticas para atajar el déficit público, "recurriendo a medidas que previsiblemente nos pasarán una elevada factura a largo plazo".
El Círculo se alinea así con la patronal española CEOE, que este miércoles avanzó la idea de recurrir la normativa fiscal ante el Tribunal Constitucional al considerar que "vulnera" artículos de la Carta Magna y crea inseguridad jurídica. Desde Vigo la opinión es prácticamente la misma por el efecto retroactivo del alza impositiva, a 1 de enero de 2016, cuando faltaba un mes para cerrar el año. Esta situación, condena, "provoca una grave inseguridad jurídica e indefensión, difícil de explicar a inversores extranjeros que en algún momento tuvieron interés por nuestro país". Con estas acciones, zanja, el capital se irá a otros países "que ofrecen un mejor trato fiscal".
Consejos
"El tratamiento que recibe el Impuesto de Sociedades afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas que han logrado sobrevivir a la crisis, procurando mantener el empleo", continúa el Círculo de Empresarios en una dura nota, y "eleva el nivel de complejidad de la gestión empresarial". Para los empresarios la mejor solución es establecer un "tipo único en el Impuesto de Sociedades" y una "persecución más eficaz del fraude y la economía sumergida".
Frente a las acusaciones del empresariado, y singularmente de la CEOE, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer la subida no generará inseguridad jurídica a las empresas y se precisará todo lo que sea necesario en el desarrollo reglamentario del decreto-ley que aprobó los cambios.
"Está lejos de nuestro ánimo introducir inseguridad jurídica, ya tendremos ocasión para irlo precisando en el desarrollo reglamentario", subrayó el ministro, tras asegurar tajante que "no habrá ningún problema de inseguridad jurídica en la aplicación de la nueva ley". Montoro afirmó que la subida del Impuesto sobre Sociedades, que aportará 4.650 millones de euros adicionales, se ha aprobado para garantizar la corrección del déficit público en 2017, que obligaba al Gobierno a acometer un ajuste de unos 16.000 millones de euros.
Según el titular de Hacienda, el Ejecutivo está pidiendo un "esfuerzo especial" a las empresas que "mejor" pueden atender dicho esfuerzo porque son las que "mejor" se están financiando, algunas de ellas a tipos de interés negativos, al tiempo que recordó que el Banco Central Europeo (BCE) está comprando deuda de ciertas compañías españolas.
"Estamos apelando al núcleo económico que mejor puede facilitar la financiación extraordinaria de nuestras administraciones públicas para llegar al objetivo de déficit público (del 3,1% en 2017), que debe ser el compromiso de todos", subrayó.
