08 de diciembre de 2016

Ofensiva judicial de los consumidores por los gastos de formalizar las hipotecas

Las organizaciones de usuarios invocan una sentencia del Supremo para exigir a los bancos los costes de notario, registrador y otros fiscales

08.12.2016 | 01:59

Las organizaciones de consumidores han movido pieza en las últimas semanas para abrir un nuevo frente judicial contra la extendida práctica de la banca de cargar sobre los clientes que firman hipotecas todos los gastos asociados a la formalización de préstamos: las tasas de las notarías y de los registros de la propiedad, así como el impuesto de actos jurídicos documentados. Invocando una sentencia del Supremo que data de 2015, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña para captar afectados que deseen reclamar la devolución de las cantidades abonadas.

A finales de 2015, el Supremo declaró nula una cláusula hipotecaria en la que, textualmente, se establecía: "Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria (el hipotecado) todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación y ejecución de este contrato...". El enunciado genérico de la cláusula, que no concreta los gastos, llevó al Tribunal a determinar su nulidad. La sentencia consideró así abusivo que los aranceles de notarios y de registradores se carguen exclusivamente sobre los clientes y fijó también el criterio de que el sujeto pasivo (el obligado a tributar) del impuesto de actos jurídicos documentados es el banco y no el deudor hipotecario.

Según las organizaciones de consumidores, una mayoría de hipotecas en vigor contiene cláusulas análogas a la anulada por el Supremo hace un año, lo que abrió una vía para la reclamación por dos procedimientos: uno ante el propio banco, para exigir la devolución de dinero desembolsado, y otro, ante los tribunales, solicitando la nulidad de la cláusula si la entidad financiera no responde afirmativamente.

Estimaciones de la OCU sitúan los gastos correspondientes a una hipoteca media en una cantidad superior a los 3.000 euros, en su mayor parte correspondientes al tributo de actos jurídicos documentados.

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