La realidad demográfica y socioeconómica abren poros en el sistema público de pensiones, con un modelo de solidaridad intergeneracional próspero y sostenible hasta que la esperanza de vida empezó a superar los 80 años en España y el empleo inició una metamorfosis forzada por la doble recesión, la digitalización y la globalización. Los pensionistas actuales percibirán una paga de la Seguridad Social durante casi un tercio de su vida (las mujeres viven de media 24 años después de jubilarse, cuatro más que los varones), mientras que los ocupados han perdido capacidad salarial a raíz de la crisis. Los stayers, que mantuvieron el mismo empleo, perdieron el 5% de sus ingresos; los movers, que sí cambiaron de trabajo, se dejaron entre un 17 y un 25% en el mismo periodo, según un estudio de Daniel Fernández Kranz para Funcas.
Mercedes Ayuso, catedrática de Estadística Actuarial y doctora en Economía por la Universidad de Barcelona; Santiago Lago, catedrático del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo; Clara Armengol, directora de Negocio de Pensiones de Bansabadell; y Guillermo Pérez Aboy, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y presidente del Clúster del Granito de Galicia analizaron el futuro de las pensiones en el primero de los Diálogos con FARO, organizado por SabadellGallego con la colaboración del periódico. El debate -bajo el título Hablemos de futuro: ¿más tiempo jubilados que trabajando?- contó con la participación del director general del SabadellGallego, Pablo Junceda, y fue moderado por el periodista de FARO José Carneiro.
Los especialistas coincidieron en la necesidad de abordar este tema con urgencia -"urge un pacto social y empezar a trabajar desde este momento", avanzó Junceda-, pero también con serenidad y calma a fin de no generar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. En su opinión, es preciso adoptar medidas de calado para garantizar la sostenibilidad del sistema público y una adecuada retribución futura para los pensionistas, que en 2030 serán un colectivo de 15 millones de personas en España. Ayuso expuso que las pensiones son una "prioridad política" y que éstas no desaparecerán, si bien no se ha despejado las dudas sobre su sostenibilidad. En este sentido abogó por la necesidad de preservar el concepto de suficiencia, para que "garantice un cierto nivel de vida" cuando el trabajador deje el mercado laboral.
"Hablar de pensiones es hablar de toda la sociedad, e implica sí o sí analizar con realismo el componente demográfico y el sistema de reparto", añadió la experta de Barcelona. Será en el quinquenio 2025-2030 cuando se incremente de forma más notable la nómina de pensionistas y la carga para el sistema con la incorporación de la generación del baby boom al colectivo de pensionistas. Ahí las dudas sobre la suficiencia, equidad y sostenibilidad del modelo público serán más acuciantes, pero hay que actuar antes. "El crecimiento de la esperanza de vida es algo bueno, no puede calificarse de problema, pero tenemos que prepararnos", advirtió Armengol. "A día de hoy el sistema no es sostenible, y esto la sociedad tiene que saberlo y entenderlo".
Los expertos introdujeron en este punto uno de las ideas más relevantes: la transparencia. "¿Qué debemos saber? Lo que vamos a cobrar de pensión pública". Pérez Aboy mencionó el interés y la posible adaptación para España del sistema de cuentas nocionales, en el que un trabajador aporta a una hucha dinero durante toda su vida laboral, y la paga se calcula en base a esos ingresos. Se aplica en Suecia, por ejemplo, e incluye un mecanismo de ajuste automático para que la caja pública se adapte al incremento de la esperanza de vida o a las fluctuaciones migratorias. Es como un sueldo en diferido (sistema de aportación), no una paga (sistema de prestación).
En todo caso, Aboy coincidió con el resto de invitados en que el factor empleo, siempre de mano de la productividad, es determinante para abordar este debate. "No es normal que, con un crecimiento del 3% del PIB, no se resuelva el problema del déficit del sistema público", citó Lago, que mencionó las devaluaciones salariales y la caída en los ingresos de los movers -sacó a colación el trabajo de Kranz para Funcas- como factor crucial para entender el desequilibrio en las cuentas. "Va a ser muy importante complementar los ingresos en la jubilación. Confiar solo en una pensión pública es un riesgo grave, vas a vivir 25 años de ella", apostilló. A este respecto, Pablo Junceda precisó que el futuro de las pensiones es un tema sobre el que no se puede "frivolizar". "En el mundo financiero actuamos como si fuera un problema regalar televisores, y no tiene que ser así. No debemos abandonar la cultura del ahorro y la previsión", dijo.
Los expertos ahondaron en aspectos en los que no se repara habitualmente al hablar del sistema público de pensiones con superficialidad, como la manida hucha y sus fondos, que el Gobierno utiliza como una tarjeta de débito para abonar las pagas extra. "Ese no es el problema serio porque es un complemento, la hucha de las pensiones no financia el sistema", precisó Santiago Lago. Por este motivo el catedrático vigués se refirió al componente del gasto y a las reformas aprobadas hasta la fecha en España. "Las de 2011 y 2013 han sido muy intensas, sin comparación en la Unión Europea". Eso sí, la revalorización del 0,25%, muy austera y eficaz en un contexto de baja inflación, se convertirá en limosna para mantener el poder adquisitivo una vez que el IPC suba (el actual contexto de tipos cero o negativos es excepcional). Y el hecho de que los jubilados sean cada vez más y tengan tanto peso de cara a unas elecciones,exhortó "va a ser un problema serio de economía política" a futuro.
¿Tiene el actual modelo fecha de caducidad? Si es así no es algo que deba suscitar alarma si hay consenso social para resolverlo. "Los sistemas tienen una duración, las cosas no tienen por qué durar para siempre", consideró Mercedes Ayuso. El actual no se pensó para afrontar un incremento exponencial de la esperanza de vida, y el de cuentas nocionales de Suecia introdujo mecanismos de corrección por este mismo motivo. Otros factores nuevos y que no existían con la implantación del sistema público español también afectan al modelo y, por tanto, éste deberá adaptarse a una realidad nueva. Uno de ellos es la dificultad de elaborar las proyecciones de población en lo concerniente a flujos migratorios. "Dependen del país de origen y sus circunstancias y las del de destino. Es muy difícil, por eso se llevan a convergencia cero", explicó Ayuso.
¿La amenaza del robot?
Otro es la robotización de la economía, que ha rebajado la mano de obra. Galicia genera más del doble de riqueza que hace veinte años (24.866 millones de euros en 1995 a precios corrientes, corregidos los efectos estacionales, frente a los 56.308 de 2015) pero con los mismos trabajadores a tiempo completo: menos de 990.000. Pérez Aboy, no obstante, volvió a vincular la robotización de la economía a la productividad. "En Suecia utilizan muchos robots y allí no tienen problema con las pensiones. El empleo será la solución final, el driver del futuro".
Armengol lamentó que a nivel político no se haya hecho atractivo el ahorro, y expuso la necesidad de crear un "hábito a futuro en edades tempranas". "No se pueden ofrecer planes de pensiones solamente y ya está, es algo aburrido y un tema tabú para los jóvenes, pero hay que fomentar ese hábito pensando en que podremos vivir más de cien años. Ser longevos no puede ser un problema", culminó. En opinión de Pérez Aboy, es preciso también "tener claro qué sistema tenemos y cuáles hay en otros países" y se pueden adaptar porque, dijo, "hay que resolver la injusticia" del modelo de solidad intergeneracional. "En 2050 la ratio de trabajadores y jubilados será de 4 a 3, es insostenible". El vicepresidente de la CEP entiende que la transparencia en el sistema ayudaría a dimensionar la relevancia del problema: "No se pueden tomar acciones contra el riesgo cuando no se conoce".
También considera acertada la extensión de la edad de jubilación y la subida de las cotizaciones, pero rechaza la penalización de las rentas del ahorro que, precisamente, han de ayudar a complementar las pensiones públicas. Por último, apunta la idoneidad de incorporar mecanismos automáticos de corrección "cada cuatro o cinco años" para adaptar el modelo de retribución pública a la realidad demográfica y socioeconómica. A día de hoy el sistema público de España solo ha incorporado un método corrector en la revisión anual de las pagas, de ese 0,25% mínimo, que no adapta los ingresos de los jubilados a la inflación ni corrige los defectos del sistema de solidaridad entre generaciones.
En Galicia solo tres o cuatro personas de cada diez ahorran para la jubilación, como recordó Junceda, situación que el economista Lago atribuyó a la "doble red pública" que ampara a los perceptores. "No dependemos solo de nuestros impuestos, sino de los que se recaudan en el conjunto de España". El catedrático vigués mencionó también un "exceso de pasión" por ladrillo como activo de inversión y que, como sucedió en los últimos años, también se deprecia. Pérez Aboy discrepó en este punto ya que la inversión inmobiliaria "es un activo refugio natural". "El 90% de los jubilados en España tiene su casa pagada, frente al 50% de los alemanes". Por eso sugirió la conveniencia de la hipoteca inversa, que permite convertir en dinero el valor patrimonial de un inmueble. Pero la "cultura de la herencia", ilustró Clara Armengol, es un handicap para esta opción, sobre todo en Galicia.
