23 de noviembre de 2016

El Gobierno estudia sufragar varios tipos de pensiones vía impuestos

El Estado sufragaría la "tarifa plana" -Rajoy, a favor de quitar el límite máximo de cotización

23.11.2016 | 02:13
Fátima Báñez, ayer. // F. Alvarado

El Gobierno está dispuesto a convertir las reducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en bonificaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para aliviar las cuentas de la Seguridad Social. Este cambio permitiría ingresar al sistema público de pensiones unos 1.900 millones. El Ejecutivo también es proclive a seguir acrecentando la separación de las fuentes de financiación del sistema de previsión y a tal fin sopesa que las pensiones de orfandad y viudedad se financien a través de impuestos, sin que ello suponga que pasen a ser catalogadas como pensiones asistenciales.

Así lo avanzó ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, en el que se ha empezado a abordar el desafío que entraña para las pensiones públicas el agotamiento de los 67.000 millones de la hucha de las pensiones que el Gobierno de Zapatero siguió dotando durante la crisis pero que durante la etapa de Rajoy se ha utilizado desde 2012 para pagar las pagas extra. Báñez confirmó que el Ejecutivo prevé seguir recurriendo a este fondo de reserva.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó a su vez en el Senado su disposición a hablar sobre algunas propuestas de pensiones realizadas por Podemos, como la eliminación del tope máximo a la cotización de los salarios más altos o la financiación de algunas pensiones vía impuestos. Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o tarifas planas que puso en marcha el Gobierno para fomentar el empleo se financian con cargo a la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones de las cuotas son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ingresará ese importe en la Seguridad Social. En ambos casos el abaratamiento para el empresario es el mismo pero el coste recae en distinto financiador.

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