23 de noviembre de 2016

"Caso Pescanova", a por un hueco en el juzgado

Andorra y Sudáfrica responden a las comisiones rogatorias y dejan la instrucción lista para el cierre

23.11.2016 | 02:13
El juez José de la Mata. // E.N.

Este verano el titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, comunicó a las partes que el caso Pescanova se convertía en una causa compleja y que su instrucción podía alargarse hasta junio del año que viene. Tanto los abogados de la acusación como los de defensa creyeron entonces que el magistrado solo lo hizo para adaptarse a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y evitar que la causa se cerrase en falso. De paso, ganaba un poco de tiempo para acceder a las (cinco) comisiones rogatorias remitidas a Sudáfrica y la de Andorra. Fuentes jurídicas aseguran ahora que De la Mata tiene ya "toda la información en su poder" para cerrar la fase de instrucción y decretar la apertura de juicio oral y consideran que lo único que necesita es "tiempo" y "hueco" en el juzgado.

"No se ha producido ninguna novedad que pueda justificar que se agote todo el tiempo disponible [por junio de 2017]", sostiene uno de los letrados, que asegura asimismo que desde Fiscalía se le ha trasladado el mismo mensaje. La veintena de imputados por su presunta responsabilidad en la quiebra de Pescanova ya declararon en octubre y noviembre de 2013, y tanto el expresidente Manuel Fernández de Sousa como una decena de exconsejeros y exdirectivos han sido embargados tras no abonar los 244 millones de fianza civil solidaria que se les impuso. El impago de una fianza civil no acarrea prisión, sino el embargo de los bienes a nombre del imputado.

Como sostienen a FARO abogados conocedores del caso la juez andorrana María Angels Moreno Aguirre ha remitido ya a Madrid el resultado de la comisión rogatoria remitida por De La Mata para investigar si el expresidente de Pescanova tenía bienes en su territorio y, en caso afirmativo, proceder a su embargo. El requerimiento se dirigió también contra la esposa e hijos del empresario vigués a fin de determinar si había modificado la titularidad de activos para eludir el pago de la fianza. La esposa de Sousa, Rosario Andrade, está imputada por un presunto delito de blanqueo. También desde Sudáfrica el juez ha recibido una declaración escrita del exconsejero Robert Albert Williams, que abandonó España en verano de 2013 y nunca se personó o respondió a los requerimientos de la Justicia española.

Fuentes jurídicas especulan con la posibilidad de que el "apretado calendario judicial" del magistrado y la Audiencia Nacional tenga mucho que ver con la aparente dilación del proceso. "Esto no tiene ningún sentido. No hay avances y no sabemos por qué", lamenta uno de los exdirectivos imputados, que espera dejar de serlo en cuanto se cierre la fase de instrucción. Solo el caso Gürtel investiga la responsabilidad de casi 40 imputados y prevé la declaración de unos 300 testigos. Además José de la Mata investiga también la presunta caja B del Partido Popular, otro asunto político de calado que se interpone en el cierre de la investigación del colapso de la primera pesquera de España.

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