El fiscal general de Namibia, Sacky Shanghala, se mostró esta semana implícitamente contra la minería marina de fosfato que promueve parte del Gobierno local y que amenaza la salud del caladero donde faenan cerca de 40 barcos de capital gallego. El responsable del Ministerio Público aseguró que hay una investigación judicial en marcha (promovida por la patronal pesquera del país en bloque, de la que forman parte Pescanova, Iberconsa o Mascato) y que el Ejecutivo no debe interferir en ella. Además, ha sostenido que la autorización de un proyecto como el de Namibia Marine Phosphate vulnera el principio de precaución, al que se comprometió Namibia en la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas (United Nations Convention on the Law of the Sea, Unclos) y en la Convención de Viena.
En virtud de ambos acuerdos mencionados por Shanghala un país no puede promover un proyecto que amenaza con dañar el medioambiente si no tiene, como en este caso, plenas garantías de su inocuidad. La Unión Europea fija que el principio de precaución debe aplicarse cuando la evidencia científica es insuficiente, inconclusa o incierta y la evaluación científica preliminar indica que hay motivos razonables para preocuparse por los efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente.
El fiscal eludió pronunciarse directamente contra los planes de la empresa promotora de la mina, que sí cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, pero exigió a la administración que se aparte mientras se investiga la demanda penal presentada por la industria pesquera en la Corte Judicial Suprema de Namibia.
