El titular del juzgado de Primera Instancia número 12 de A Coruña dejó ayer visto para sentencia el caso de un exempleado del BBVA que reclama al banco una indemnización de 140 millones por el uso "falsario e indiscriminado" de su firma digital en certificaciones de deuda para su trato en procesos monitorios -reclamación extrajudicical de deudas- durante los dos años siguientes a que el trabajador se prejubilase. El fiscal respaldó durante la vista la petición de BBVA de desestimar la demanda, pese a que hasta la propia entidad reconoce el uso irregular y erróneo de la firma.

El representante del Ministerio Público entiende sin embargo que esa práctica del banco no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como defendió el abogado del exempleado, y que haberse producido, ésta habría caducado cuatro años después. La tesis de la Fiscalía concuerda con la defendida por BBVA en el juicio y antes de él en los escritos de contestación a la demanda defendida por el abogado coruñés Xaime da Pena.

"Estamos intentando demostrar que el banco no tiene la contabilidad detallada y ha utilizado documentos falsos", dijo Da Pena antes de entrar al juicio al que la prensa no pudo acceder supuestamente por pequeño tamaño de la sala.

El letrado entiende que su cliente, que se enteró de que su firma continuaba siendo usada por el banco a través de la llamada de una clienta, debe ser resarcido y recibir una parte (1%) de la cantidad con la que el banco "se ha lucrado" con las certificaciones de deuda indebidamebte firmadas.