La compañía Namibia Marine Phosphate (NMP) no podrá explotar su mina de arena fosfática en el caladero del país africano, donde faenan cerca de 40 arrastreros congeladores y fresqueros de capital gallego y que preveía la remoción de 2.333 kilómetros cuadrados del lecho marino. Al menos, no de momento. El Ministro de Medio Ambiente de Namibia, Pohamba Shifeta, anunció ayer por la tarde que el controvertido permiso ambiental que su mismo departamento había concedido a la empresa quedaba "anulado con efecto inmediato" después de haberse enfrentado a la industria pesquera, organizaciones ecologistas, al partido de gobierno (Swapo, South-West African People's Organization) y a medio país. La decisión de Shifeta se precipitó después de que las tres mayores patronales de pesca de Namibia acudiesen a la Corte Suprema nacional de urgencia para bloquear la mina por supuestas irregularidades en la concesión del permiso ambiental.
Las reclamantes son la primera confederación del país, CNFA, así como el ente que representa a las empresas de merluza y arrastre de media distancia, a las que pertenecen firmas como Novanam (grupo Pescanova), Merlus Fishing (Mascato), Pereira o Tunacor, antigua subsidiaria de Pescapuerta y aliada de ésta. El letrado que las representa es Sisa Namandje, el mismo que asesora a Cadilu Fishing, de Grupo Iberconsa. El presidente de esta firma, Alberto Freire, había asegurado ya a FARO su intención de sumar fuerzas con la industria local para revertir el permiso de excavación. En la documentación remitida al juzgado el portavoz de la industria, Matti Amukwa, asegura que el comisionado de Medio Ambiente no tenía capacidad para conceder el permiso de exploración, que atenta además -continúa- contra la Constitución namibia. Además, el proceso de concesión de la licencia fue poco ortodoxo, cuanto menos. Se firmó la aprobación el 5 de septiembre, pero se mantuvo en secreto hasta el 20 de octubre.
Precisamente Shifeta nombró el artículo 95 de la Constitución del país -obliga al Gobierno a preservar los recursos naturales para la ciudadanía- para justificar su decisión de retirar a Namibia Marine Phosphate la licencia ambiental. Ahora bien, la decisión de ayer no implica que Namibia sea un país libre de minería marina de arena fosfática, como lo es Nueva Zelanda, y la compañía podría volver a conseguir el permiso. Y es que el ministro de Medio Ambiente solo reconoce que la tramitación de la licencia ambiental se hizo de forma irregular, no que la minería de fosfato afecte a la pesca.
Y ahora, ¿qué?
De momento se mantiene la reunión convocada por el presidente de la república, Hage Geingob, para el próximo lunes, en la que su gabinete analizará si los planes mineros tienen futuro (hay, además de la de NMP, otras siete exploraciones previstas) o se bloquean definitivamente. Al margen de este encuentro la intención de Pohamba Shifeta es de dar a la industria tres meses para que presente alegaciones contra la mina, situada a 75 millas de Walvis Bay, y otros seis para completar todo el proceso de consultas. Es decir, tanto NMP como Lev Leviev (otra empresa que tiene una licencia previa) podría optar a excavar el fondo del mar si cumplen los procedimientos y demuestran que sus excavadoras y dragas no afectan a la actividad pesquera.
Dos multimillonarios de la lista "Forbes", impulsores de un plan que ha dividido al país
- Namibia Marine Phosphate está controlada en un 85% por el multimillonario omaní Mohammed Al Barwani, con un patrimonio estimado de 1.100 millones de euros, según la revista Forbes. Es el fundador de un emporio energético, MB Holding, con explotaciones petrolíferas y gasísticas en Omán, Mozambique o Egipto. Es además accionista (en un 28%) de Nautilus Minerals, fabricante de maquinaria para la perforación del suelo y con equipación específica para la minería marina de fosfato. Además de la mina a la que se le ha retirado la licencia ambiental, y como desveló este periódico, Al Barwani planea explotar otras seis en el caladero de Namibia, a lo largo de una superficie de 4.810 kilómetros cuadrados. Y hay otra empresa que, como NMP, tiene licencia previa para una octava explotación donde faena la flota gallega. Se trata de Lev Leviev Group, propiedad del multimillonario israelí Lev Leviev, apodado "el rey de los diamantes". Su patrimonio supera los 900 millones de euros y ya excarva el fondo del mar en Angola o Alaska en busca de materia prima para joyas.
