La desarticulación de cárteles supuso un ahorro de 1.260 millones de euros al año

Competencia asegura que las sanciones están "lejos de ser disuasorias"

20.10.2016 | 02:17
José María Marín Quemada. // Efe

El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha abogado por "retocar" la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, ya que las sanciones "continúan estando lejos de ser disuasorias". Eso sí, el directivo recordó ayer en el Congreso que un trabajo reciente de la CNMC estima que los cárteles desmantelados por la autoridad de competencia española entre 2011 y 2015 supusieron un ahorro para los consumidores de 640 millones de euros anuales. De hecho, si se tienen en cuenta solo los años completos desde la creación de la CNMC (2014 y 2015), esa cifra aumenta hasta los 1.260 millones de euros anuales.

En este sentido calificó de "ejemplarizantes" los más de 500 millones de euros de multas impuestos el pasado año, que ha comparado esta cifra con los algo menos de 400 millones de euros recaudados por la DGT en sanciones de tráfico. "No hay que perder de vista que en ambos casos, el objetivo fundamental de la actividad sancionadora es disuadir futuras infracciones, no recaudar", expuso en la Cámara baja.

A este respecto, Marín Quemada reclamó la trasposición de la directiva de daños de la Comisión Europea, que permitirá que los consumidores ejerzan acciones colectivas para reclamar daños por estas conductas, contribuirá a que las empresas se lo piensen dos veces. "Recuerden que en países como Estados Unidos los directivos van a la cárcel por estas infracciones. Nosotros hemos activado una opción que permite la Ley, que es la sanción a los directivos responsables de las conductas ilícitas", añadió.

Además, el presidente de la CNMC lamentó que la actual normativa sobre los cajeros beneficia a las grandes entidades tradicionales, que son las más cajeros tienen, y perjudica a las que tiene menos o ninguno. En su opinión existe un riesgo, hasta ahora no comprobado por el organismo, de que esta situación pueda suponer un riesgo para la entrada de nuevos actores en el mercado.

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