Empresarios y sindicalistas niegan la principal prueba de las tarjetas de Bankia

Pedroche, del PP, no recuerda que fue miembro de la comisión de retribuciones de la entidad

07.10.2016 | 02:08
Arturo Fernández. // Efe

Exconsejeros de Caja Madrid y de Bankia, que ayer siguieron prestando declaración ante la Audiencia Nacional por los pagos y extracciones de dinero de cajeros automáticos realizados con tarjetas de ambas entidades opacas al fisco mantuvieron ayer que se trataba de una práctica legal.

Los empresarios y exdirigentes patronales Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán y el expresidente de la Asamblea de Madrid por el PP Jesús Pedroche sostuvieron, como hicieron otros procesados en las sesiones previas, que se trataba de "tarjetas de libre disposición" y que "no era preciso justificar los gastos siempre que no se superase el límite asignado".

Pedroche, que también fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exconcejal en el Ayuntamiento, dijo que no recuerda haber formado parte de la comisión de retribuciones del grupo bancario pese a que su nombre figura en varias de las actas. Según el expresidente de Caja Madrid y de Bankia Rodrigo Rato, era esta comisión la que determinaba las retribuciones de los consejeros.

Como otros imputados, los exconsejeros de Caja Madrid Alberto Recarte y José María Arteta Vico no reconocieron la validez de las hojas de cálculo Excel, principal prueba del presunto delito de apropiación indebida del que se les acusa, ya que contienen, dijeron, multitud de errores con gastos duplicados y cargos efectuados -afirmaron- con tarjetas clonadas.

El economista Alberto Recarte aseguró a su vez, como otros de beneficiarios, que "nunca" puso en duda la legalidad del sistema y que siempre se fió del equipo jurídico de las entidades bancarias.

El exsindicalista Rodolfo Benito, de CC OO, mantuvo que él jamás realizó pagos con la tarjeta en joyerías y supermercados, como asegura la actual Bankia en el informe aportado a la fiscalía, y advirtió al fiscal Alejandro Luzón que para condenarlo "hay que demostrar" que hizo tales operaciones con extractos bancarios con las correspondientes garantías. Las tarjetas, señaló, estaban autorizadas, eran conocidas y estaban controladas y consentidas.

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