La tasa de Sociedades obligará a 775 firmas gallegas a adelantar el 23% de lo que ganen

La modificación de los pagos fraccionados del impuesto estará vigente hasta que el déficit baje del 3% - Montoro admite que se pasó "de frenada" con la rebaja fiscal

01.10.2016 | 02:40
Montoro (i.), con Soraya Sáenz de Santamaría, ayer, en Madrid. // Efe

El incremento del tipo mínimo en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades del 12% al 23% para empresas que facturen más de 10 millones de euros al año ya está en vigor. A finales de este mes, de diciembre y de abril unas 9.000 empresas españolas tendrán que abonar el 23% -el 25% si son bancos o petroleras- de su beneficio contable a la Agencia Tributaria (AEAT). De ellas, casi el 9% -unas 775- son gallegas, según el censo de empresas gallegas recogido en el informe Ardán 2016 (elaborado con datos de 2014) con una cifra de negocio superior a los 10 millones de euros.

Los pagos fraccionados funcionan como un adelanto a cuenta; un crédito que las firmas se ven obligadas a conceder al Gobierno para cuadrar el déficit pero que luego podría verse compensado cuando éstas presenten la liquidación anual de la tasa, no más tarde del 20 de julio del año que viene.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley con esta modificación que anunció en julio como una de las medidas prometidas a la Comisión Europea para cumplir con el objetivo de reducción del déficit (al 4,6%) y para evitar una multa de Bruselas. El Estado prevé ingresar 8.300 millones de euros. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, admitió ayer que el Gobierno no prevé que estos tipos tengan "plazo de caducidad", por lo que estarán vigentes hasta que el déficit público español baje del 3%, con lo que, precisó: "hay que mirar hacia 2018", cuando el Gobierno prevé un déficit del 2,2%. Por lo de pronto estarán vigentes tres ejercicios, frente a los dos que lleva en aplicación la rebaja fiscal del impuesto de Sociedades del 30% -el año pasado fue del 28%- al 25%. El objetivo de Hacienda es que el impuesto vuelva a recaudar unos 20.000 millones al año, como en años anteriores.

El pago fraccionado mínimo será del 25% del resultado contable positivo para las empresas que todavía pagan un tipo general del 30% -los bancos y las firmas dedicadas a exploración de yacimientos de hidrocarburos-. El real decreto modifica también el cálculo del pago, con lo que en lugar del 17% de la base imponible que abonaban hasta ahora, las empresas pagarán el 24%.

El Gobierno exime del cambio a las rentas derivadas de operaciones de quita, como consecuencia de un acuerdo de acreedores o las que estén exentas por ser entidades sin ánimo de lucro.

Montoro negó ayer en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros que lo aprobado ayer sea una subida del impuesto, dado que los pagos se compensarán con la declaración anual. "Es un anticipo a cuenta, como hacemos las personas físicas en el IRPF y a las que tres de cada cuatro les resulta a devolver", arguyó.

Defendió que irá "en beneficio" de las empresas y matizó que lo que hace el Gobierno es "restablecer" el sistema de pagos fraccionados que estuvo en vigor desde 2012 a 2015 y que se suprimió ese año para fijarlo en un 12% del beneficio para empresas con más de 20 millones de facturación, el segmento para el que inicialmente se había anunciado también esta reforma. Ahora, las afectadas son el doble. "Si fuéramos sobrados no lo haríamos, lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer", reconoció ayer el ministro, que añadió que el Ejecutivo está haciendo "lo que hay que hacer", pero luego en un corrillo informal con periodistas admitió que su departamento se pasó "de frenada en la bajada" del impuesto sobre Sociedades, aprobado en 2014 con el objetivo de "disminuir los impuestos a la ciudadanía".

Montoro justificó además que España "no se puede permitir" una caída del Impuesto sobre Sociedades, por lo que el real decreto ley entrará en vigor inmediatamente, por lo que el Gobierno publicó ayer por la tarde un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario para detallar la aplicación de esta medida antes del 1 de octubre. El real decreto ley tendrá sin embargo que ser convalidado por las Cortes y, según Montoro, el Gobierno se puso en contacto con todos los grupos para garantizar su apoyo.

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