Macrojuicio por el uso de las "black"

Las defensas de los 65 procesados por las tarjetas de Bankia piden anular las pruebas

Los abogados de Blesa, Rato y el resto de acusados alegan la supuesta obtención ilegal de los datos que les incriminan -También defienden que posible delito a prescrito

27.09.2016 | 02:33

Los 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia procesados por el escándalo de la tarjetas de empresa opacas al Fisco y con las que se financiaron gastos privados por un importe de 15,5 millones entre 1999 y 2012, intentaron forzar ayer, en la primera de las vistas del juicio, la anulación de las pruebas que obran contra ellos. Las peticiones de penas suman 180 años de prisión, a razón de uno a seis años por procesado, por supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Los acusados (los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato; exdirectivos y antiguos consejeros designados a propuesta de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales) invocaron ayer la supuesta invalidez de los extractos en los que se registraron tanto los cargos por compras y pagos de servicios como las extracciones de dinero realizadas en cajeros automáticos.

Las defensas alegaron que la actual dirección de Bankia accedió a esa información de forma supuestamente ilegal, con vulneración de derechos fundamentales y de la legislación de protección de datos; negaron la autenticidad de los datos que aparecen registrados en una hoja Excel; adujeron carencia de legitimidad de Bankia y su accionista dominante actual (el fondo estatal FROB) para ejercer la acusación, y esgrimieron la supuesta prescripción de los hechos.

Los pagos realizados entre 1999 y 2003 ya fueron excluidos por este último motivo, por lo que en el macroproceso, que se desarrollará durante varios meses, sólo se juzga el uso de 12 de los 15,5 millones realmente disfrutados, y de los que sólo se ha devuelto el 14%.

Al margen de las defensas, en la primera sesión de la vista oral también intervinieron las acusaciones, entre ellas la de Bankia, que pidió que se evalúen una serie de correos electrónicos que evidenciarían que las tarjetas fueron emitidas fuera del circuito ordinario.

Concretamente son unas 1.400 páginas que demostrarían el supuesto descontrol en la concesión y uso de las tarjetas y que el representante del exdirector general de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, impugnó al considerarlas "absolutamente improcedentes" ya que pertenecen a Caja Madrid y no a Bankia, una entidad "ocupante, con c o con k" de dicha información.

El fiscal del caso, por su parte, solicitó al tribunal que admita como prueba los informes de gobierno corporativo de Caja Madrid de 2004 a 2010 así como los de Bankia emitidos hasta 2012.

Los procesados, que empezarán a declarar el viernes, fueron recibidos con insultos por los preferentistas de Bankia en la primera de las dos sesiones programadas para abordar las cuestiones previas. El rescate de Bankia costó al Estado 22.000 millones.

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