Hacía tiempo que las autoridades y los organismos supervisores alertaban de los bancos tendrían que reducir aún más "capacidad instalada" para hacer frente a la reducción de los márgenes de negocio y el grupo Popular reabre el baile de los recortes de plantilla y plantea despedir a unos 3.000 trabajadores, 450 en Galicia. La entidad había advertido a los sindicatos de que ejecutaría un despido colectivo a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que empezó a negociarse ayer con una primera toma de contacto.
El banco pretende deshacerse del 25% de su plantilla en Galicia, 450 trabajadores de los 1.796 que tenía al cierre del pasado mes de marzo. De esos, empleados que el grupo contabiliza en la comunidad, unos 1.300 pertenecen al Pastor y algo más de 500, al Popular. Esta decisión significaría que la entidad concentra en Galicia un 15% de los despidos y que la incidencia aquí es cinco puntos superior a la del conjunto del Estado, donde están previstas casi 3.000 bajas, un 20% de las 14.935 personas que tiene en plantilla. El Popular no precisó si en el ajuste habrá prejubilaciones voluntarias pero sí remarcó que 1.700 de sus empleados tienen más de 59 años.
La empresa concretó ayer además que prevé el cierre de unas 300 oficinas en toda España, aunque no desgranó los datos por comunidades. En Galicia, el grupo tiene 259 sucursales; unas 30 de Popular y 225 de Pastor, para las que el grupo plantea una fusión de las de Pastor y Popular que estén próximas, o aperturas parciales en el rural, para abrir una oficina de mañana o de tarde o solo determinados días de la semana, según explicaron ayer los representantes sindicales gallegos a la salida de la reunión.
Los portavoces de la plantilla denunciaron lo que consideran "una falta de respeto" de la empresa, que mientras se reunía con los sindicatos hacía pública una nota sobre el contenido de la reunión -con los datos exclusivamente nacionales- mientras la mesa de negociación estaba aún sentada. Gladis Afonso, por parte de la CIG, señaló que "hay que tener en cuenta que si la empresa mantiene la marca Pastor es porque es rentable", e informó de que la central nacionalista prevé convocar a una asamblea a los trabajadores "en los primeros días de la semana que viene".
"No vamos a firmar sin más", ya adelantó, al asegurar que "aquí hay responsables" y que "no es de recibo" que un consejero delegado se haya ido con una indemnización de 5,9 millones de euros. "Hacen recaer todo el peso sobre los trabajadores", criticó.
Además, indica que el banco trasladó que su idea para Galicia en cuanto a cierre de red es o fusión de oficinas Pastor y Popular por su proximidad geográfica o aperturas "parciales" en el rural, de modo que una oficina esté operativa de mañana o de tarde o solo determinados días de la semana.
CC OO y UGT
Por su parte, Carmen Peteiro, de Comisiones Obreras, remarca también la "singularidad" de Galicia, porque Pastor en esta comunidad es, según subrayó, "preponderante". Peteiro cuantifica en unas 250 personas -unas 160 en el primero y unas 93 en el segundo-- las que podrían optar a a las prejubilaciones, al tener más de 59 años, pero se ha preguntado: "*Y las otras 200?".
Javier Castro, responsable del sector financiero de UGT, ha esperado poder contar en adelante con información concreta sobre los planes de la entidad para el cierre de oficinas, y en qué núcleos se producirá. En cualquier caso, ve "muy lejos de lo coherente" la cuantía de 3.000 trabajadores afectados en toda España y unos 450 en Galicia. "Es desproporcionado", afirmó.
