De los 53.553 millones de recursos públicos aportados en forma de capital al sistema financiero español desde mayo de 2009 para sanear el sector y reforzar su solvencia, el Estado solo ha recuperado por el momento (siete años y medio después) 2.686 millones (el 5%), a lo que cabría sumar otros 1.304 millones obtenidos por la desinversión del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) en su participada Bankia. La suma de ambos conceptos representa el 7,4% de la aportación estatal a las antiguas cajas de ahorros. De la venta de Abanca por 1.003 millones de euros, el Estado recuperó hasta ahora el 7% (dos puntos más que la media), 783 millones de euros que representan un 26% de la cifra global de ayudas restituidas (712 de Banesco y 71 de los empresarios gallegos que compraron acciones y luego las perdieron con el rescate bancario). Con esos 783 millones, el Estado recuperó de la fusión de las cajas un 8% de los 8.981 que recibieron en ayudas. Si bien, el Estado ha abonado 545 en cubrir garantías por procesos judiciales ofrecidas a quienes optaron a la subasta de NCG.
Los recursos públicos inyectados en forma de capital para la reestructuración y asistencia al sector financiero que están pendientes de recuperar (49.563 millones, más del 90% del total) es una cifra equivalente al importe de las ayudas que la troika (UE, BCE y FMI) concedió a España en 2012. Los 53.553 millones de aportación estatal para la recapitalización de las antiguas cajas no son todas las inyecciones de capital y tampoco estas recapitalizaciones constituyen la única vía de ayuda a la banca.
Además de los 53.553 millones que el Estado adelantó para reforzar los recursos propios del sistema, el sector recibió con el mismo fin otros 7.942 millones en instrumentos computables como capital procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Ambos epígrafes suman los 61.495 millones que el sector recibió como capital desde 2009.
La UE también considera ayuda pública las inyecciones realizadas por el FGD, dado que el Gobierno regula y legisla sobre él y porque el Estado es el garante último de la cobertura de depósitos hasta 100.000 euros por cliente y entidad. Sin embargo, y en puridad, los 7.942 millones movilizados por este fondo no proceden de los presupuestos del Estado sino de las cuotas que las entidades financieras aportan a este mecanismo de protección en proporción al volumen de depósitos de sus clientes, que son, en última instancia, quienes sufragan esos recursos con cargo a la remuneración que reciben por su ahorro a la vista y a plazo. Al margen de estas facilidades, la mayor parte de estas entidades han visto reducida además su factura fiscal, ya que la legislación le permite compensar hasta en 18 años parte de las pérdidas sufridas en el pasado y ahorrarse así buena parte del Impuesto de Sociedades de varios ejercicios, como hizo Abanca en 2015.
Por las aportaciones realizadas por el Estado, este retiene paquetes accionariales de control en BMN y Bankia y CoCos (obligaciones convertibles en acciones) en Banco Ceiss (ahora filial de Unicaja) y Banco Grupo Caja 3 (Ibercaja).
Los 2.686 millones que obtuvo el Estado proceden de las reprivatizaciones de entidades nacionalizadas y la devolución de ayudas. En privatizaciones logró 782 millones por la venta de Catalunya Banc a BBVA y 712 por la de Novagalicia a Banesco, además de otros 71 por la venta de acciones a los empresarios gallegos que perdieron un año después, cuando se produjo el rescate y ahora aún reclaman en los tribunales. Banesco ofreció 1.003 millones de euros por NCG, de los que 712 correspondían al FROB y otros 290 al Fondo de Garantía de Depósitos, que fue quien se hizo con las acciones entregadas a los preferentistas tras el arbitraje, la quita y el canje impuestos como forma de recuperar sus ahorros. El grupo venezolano ha pagado ya la mayor parte del montante, pero le quedan pendientes unos 300 millones, casi lo equivalente a lo que vale el accionariado del FGD.
Por devolución de ayudas de varias entidades el Estado ingresó 977 millones de Banca Cívica tras su absorción por CaixaBank, más 124 y 20 millones amortizados anticipadamente por Liberbank e Ibercaja banco, respectivamente.
Además de los 61.495 millones en ayudas al capital, el sector recibió otras cuatro acciones de apoyo.
El Fondo de Garantía ha recuperado 673 millones de los 1.803 millones que aportó para la compra a inversores minoritarios de acciones no cotizadas y nacionalizadas por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Otro de los canales de apoyo fue la concesión de avales por el Estado a cajas y bancos. Sumaron 110.895 millones y aquí no parece que vaya a haber quebranto porque a 28 de junio ya se habían recuperado 109.836 millones (el 99% del total).
Otra actuación de auxilio fue la concesión de Esquemas de Protección de Activos (EPA) a entidades (caso de Liberbank y Sabadell) para protegerlas de deterioros previos en entidades en crisis e intervenidas que fueron absorbidas por ellas. Suman 10.948 millones, de los que 918 los aportó el FROB, según desveló ayer el Banco de España.
El supervisor bancario explica que hasta la fecha se han desembolsado fondos en los casos de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Cajasur -en los que se anticiparon importes a expensas de la liquidación final de la garantía- y en el EPA de Banco CAM, en el que el FGD ha realizado un primer pago por 826 millones en febrero de 2016.
