La decisión de la patronal gallega de rebajar el salario a toda su plantilla y sin negociación previa con cada trabajador forzará a la institución a convocar elecciones sindicales. Es la conclusión del despacho de abogados LucusLex, a quien la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha encargado la ejecución de los recortes de sueldo y los ocho despidos programados de aquí a final de año. En un informe que analizará hoy el comité ejecutivo -se reúne en Santiago de manera urgente- el despacho lucense censura las medidas laborales impulsadas por la presidencia y considera que el cumplimiento del plan de viabilidad, que ha de salvar a la CEG del concurso de acreedores, es "imposible".
El paquete de medidas fue aprobado en asamblea el 21 de junio y estipulaba que las cinco primeras rescisiones de contrato debían acometerse el 31 de julio. Pero la patronal no contaba con los casi 130.000 euros para indemnizar a los afectados -a razón de veinte días por año-, con lo que incumplió el primer hito del calendario. Y ahora, con la obligación legal de constituir una mesa negociadora, fuentes del personal calculan que el procedimiento se retrasará "como mínimo" un mes más. El bufete encargado de tramitar las ocho bajas llama la atención sobre el hecho de que no se haya creado una mesa de negociación ya que los sueldos se bajarán tanto a los ocho empleados que se van como a los 12 que se quedan (entre un 5 y un 30%). "Se desconoce la composición de la comisión negociadora", indispensable en estos casos, al haber una "modificación sustancial de las condiciones de trabajo".
El problema es que, tal y como está diseñado el plan de viabilidad de Antonio Dieter Moure, un trabajador que iba a ser despedido el 31 de julio entre en la mesa negociadora en el periodo de consultas, con lo que no podría tocarse. "Ello deviene -prosiguen los laboralistas- en que resulte imposible el cumplimiento del calendario establecido en el plan de viabilidad para la extinción de contratos, tanto en fechas, como en la identificación de los trabajadores a despedir y su consiguiente previsión de indemnizaciones por despido". En el documento elaborado por la CEG aparecía una relación de los trabajadores afectados por su salario exacto, con lo que todos conocieron en junio quiénes se iban y los que no. Pero la patronal gallega no se lo trasladó personalmente hasta el 26 de julio.
Negociación
La ley establece que debe haber buena fe entre las dos partes durante el periodo de consultas, y que en este caso la CEG debería estar predispuesta a ceder en sus postulados. Pero, prosiguen los expertos, "los trabajadores despedidos (siendo conocedores de ello) verían como la indemnización por despido se verá reducida como consecuencia de la reducción salarial propuesta". Por este motivo los abogados dan por hecho que el procedimiento acabará sin acuerdo. Y aquí cargan los críticos de Dieter, que llaman la atención sobre el hecho de que "una patronal tenga que constituir una mesa negociadora" -en vez de pactar las bajas de manera individual- y lo haga "con un despacho externo cuando hay abogados en la casa y hace casi dos meses que se aprobó el plan".
Si finalmente la CEG no consigue renovar el programa Pexga para 2017 -todavía no han empezado las negociaciones con la Xunta-, los cuatro empleados adscritos a este plan estarían en peligro. Eso elevaría de ocho a doce los despidos en menos de un año, lo que complicaría más las cosas a la patronal con la obligación de formular un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo.
De momento en la CEG no se plantean esta posibilidad y Dieter Moure se limitará a explicar al comité ejecutivo la ejecución del plan de viabilidad hasta la fecha y a la aprobación de la póliza de crédito por 600.000 euros que concedió Abanca el 22 de julio con cargo a la Ley de Participación Institucional. La orden del día tampoco hace referencia a la venta de la sede aunque se hayan formulado al menos dos ofertas por ella, como avanzó FARO.
