Los grandes consumidores industriales como la multinacional aluminera Alcoa tendrán que esperar hasta diciembre para saber qué precio pagarán por la electricidad el año que viene y cuánto les costará producir. El Ministerio de Industria no convocará hasta final de año la subasta de bonificaciones al recibo eléctrico que reciben las grandes empresas que están dispuestas a reducir su consumo o interrumpirlo en caso de que se produzca una emergencia del sistema eléctrico (sistema de interrumpibilidad) y colaborar así para evitar un apagón. Es la herramienta que tienen empresas como Alcoa, Megasa, Celsa, Arcelor Mittal, Asturiana de Zinc o la industria cementera, entre otras con un consumo intensivo, para reducir su factura eléctrica y lograr así abaratar su producto ante la competencia de terceros países. Para el Gobierno es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que sirve para estabilizar la red de suministro en caso de emergencia.
Fuentes del Ministerio de Industria precisaron a este diario que la Secretaría de Estado de Energía ya trabaja en la orden ministerial que determinará el dinero que se repartirá en bonificaciones, las normas de la subasta, los plazos y la fecha en la que se celebrará. Es la empresa semipública Red Eléctrica de España (REE) la encargada de realizar esa puja a la baja, aunque el Ministerio decide cómo se desarrolla y en qué plazo. Las mismas fuentes sostienen que no está previsto que esa orden ministerial salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del mes de noviembre, lo que supone que la subasta se celebrará semanas después, muy probablemente en el último mes del año.
El Gobierno preveía celebrar esta subasta justo después del verano tal y como ocurrió el año pasado y como reclamaba la gran industria para poder planificar su producción y negociar contratos para 2017 con cierto margen de tiempo. A esta demanda se unen además los representantes de los trabajadores de Alcoa en A Coruña, San Cibrao (los centros gallegos suman más de 1.600) y Avilés, en un intento de arrojar algo de luz sobre su futuro.
Alcoa se queja desde hace años de los altos precios de la electricidad en España y alega que son éstos los que comprometen la competitividad de sus centros de trabajo. En mayo pasado empezó a buscar comprador o un socio industrial que aligerase sus costes y desde entonces al menos cinco inversores han mostrado interés por las instalaciones. Se trata de la multinacional alemana Trimet, el grupo aluminero español Aludium, la alianza del fondo de inversión Atlas (propietario de Aludium) y Alibérico (presidida por el gallego Clemente González Soler) y otros dos fondos de inversión extranjeros.
La plantilla ha mostrado su preocupación ante estos movimientos y exige a Alcoa que de venderlas, asegure que el comprador de las factorías tenga un plan industrial que garantice su futuro y los puestos de trabajo. Por ello y porque Alcoa sostiene que el proceso de venta se producirá, de hacerse, a largo plazo, tras la celebración de las subastas de bonificaciones, sus trabajadores de
A Coruña le reclaman que puje por la potencia interrumpible que permita que la planta funcione a pleno rendimiento, frente al 70% al que se encuentra actualmente. La capacidad de producción máxima y un precio de la electricidad más ajustado serviría de garantía de futuro ante una eventual venta y permitiría incrementar la plantilla, actualmente de 400 trabajadores.
El retraso de la subasta hasta fin de año perjudica los intereses de las grandes empresas y choca con las demandas del comité de empresa de Alcoa Coruña, que no descarta iniciar nuevas protestas "puntuales y contundentes" en las próximas semanas, contra la parálisis del Gobierno y la desinformación existente tanto de las autoridades como desde la propia multinacional.
Lo que sí ha empezado y facilitará el proceso una vez que la orden ministerial de Industria sea publicada es la homologación de las empresas que serán autorizadas a participar en la puja. Red Eléctrica de España abrió a finales de julio ese proceso y dio de plazo hasta el 31 de agosto para que las empresas que quieran participar acrediten que cumplen las condiciones y se inscriban en el registro. Fuentes de REE comentaron que con este paso se pretende facilitar la puja, dado que cuando ésta se convoque, se habrá ganado tiempo. La normativa que regula las subastas de interrumpibilidad marca además que las firmas que son usuarias de la interrumpibilidad tienen que estar habilitadas como tal antes del 15 de octubre de cada año. Así que con este adelanto de los trámites, quedó claro que el Gobierno pretendía dejar esta subasta para finales de año.
El Ministerio de Industria precisó además en respuesta a preguntas de este periódico que la convocatoria de la subasta se puede producir aún a pesar de que el Gobierno actual se encuentre en funciones, en contra de lo apuntado por algunas fuentes, que indicaban a que un Ejecutivo interino no tiene capacidad normativa para cerrar ese desarrollo.
