Casi un mes después de haber remitido el plan de viabilidad de la patronal gallega, ni los bancos ni la directiva de la organización se han pronunciado pese a la premura con la que se aprobaron las medidas de contingencia. En las entidades sostienen que ellas no tienen el deber de comunicar nada; en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), su presidente, Antonio Dieter Moure, asegura que está esperando el dictamen, mientras sus opositores consideran que ha perdido la batalla y que "por eso no dice nada". Que la principal organización empresarial gallega está abocada al concurso de acreedores, con casi 300.000 euros de pagos pendientes a 30 de junio. Desde los bancos, a los que la CEG ha pedido un préstamo de 1,2 millones, un aval bancario de 526.827 euros y una póliza de otros 357.407, no son halagüeños.
"No tiene buena pinta", reconocen desde una de las entidades. "La decisión va a corresponder a otros en función del riesgo que tienen". Según las mismas fuentes, la sartén por el mango la tienen Abanca, Santander y BBVA. "El plan no satisface, no les gusta que con parte del dinero se vaya a despedir personal, y cuenta con previsiones de ingresos que luego pone en duda", apunta un miembro de la ejecutiva. Hace referencia -sin decirlo- al Pexga. El plan de viabilidad recoge textualmente que "ante las dudas razonables de que se vaya a renovar para 2017, habría que proceder al despido de [otras] cuatro personas", que completarían un total de doce.
Pese a poner en duda su continuidad, el plan de la CEG da por hecho que percibirá los 1,8 millones del Pexga cada año. Y, si fuesen doce los despidos, la patronal tendría que hacer un ERE, que tampoco está previsto, lo que requeriría un periodo de consultas y trámites ante la autoridad laboral competente. El primer plan de viabilidad que presentó Dieter Moure, y que fue rechazado, ya desaconsejaba la vía del ERE por su complejidad y coste para la confederación. La patronal, como ninguna otra empresa, puede despedir a su plantilla poco a poco, ya que cualquier empleado podría impugnar la rescisión de su contrato por ERE encubierto. Ya hay una demanda laboral contra la CEG, como avanzó este periódico la semana pasada, y en la casa dan por hecho que habrá más. Cinco despidos tendrán que ser -para cumplir con el plan de viabilidad- el 31 de este mes, otro a finales de septiembre y dos más el 31 de diciembre.
"Parece que será una decisión de Abanca". El Sabadell, que está dentro del pool bancario, no puso dinero para las dos primeras hipotecas, aunque en 2015 sí aportó una póliza de crédito de más de medio millón de euros garantizada con los ingresos de la Ley de Participación Institucional. La CEG percibe 600.000 euros al año de la Xunta por este concepto. Los partidarios del actual presidente, al igual que el propio Dieter, creen que los ajustes podrían modificarse para ganarse la confianza de las entidades; sus detractores apuntan que no, ya que tendría que volver a pasar por la asamblea general. En las patronales provinciales no ocultan que su previsión es la del peor escenario: habrá concurso de acreedores, voluntario o forzoso (si algún acreedor lo insta en el juzgado). Y, más aún, han verificado con sus abogados que una eventual quiebra de la CEG no les afectará en sus cuentas. "Tenemos un CIF distinto, no nos afectará".
En medio de un panorama poco alentador -no hay reuniones previstas esta semana, según las fuentes consultadas-, sigue la atomización del empresariado en Galicia. En Ourense, donde José Manuel Pérez Canal tampoco tiene al 100% de vocales a su favor, acaban de anunciar la creación de su propio club financiero. Se unirá así a los de Vigo, Santiago y A Coruña, que ya han impulsado una alianza para compartir servicios y trabajar en un ente de nivel autonómico.
