El Colegio de Comisarios europeos activó ayer el procedimiento para imponer una posible sanción a España por incumplimiento del objetivo de déficit público en el pasado ejercicio. Si prospera la propuesta -sin precedentes en la UE-, España podría tener que hacer frente a una multa de 2.000 millones de euros -0,2% del producto interior bruto (PIB) del país-, lo que se sumaría a los 8.000 millones de ajuste presupuestario (mediante recortes de gasto o subidas de impuestos) que la Comisión Europea (CE) exige a España. A este esfuerzo de 10.000 millones (1% del PIB nacional) se sumaría, en caso de sanción definitiva, la congelación de parte de los fondos comunitarios destinados a España, que quedarían indisponibles y bloqueados como garantía de cumplimiento por el Gobierno de las exigencias europeas.
La activación ayer del procedimiento sancionador se produjo tras constatar que España no hizo lo suficiente para evitar el incumplimiento el año pasado. Pero la Comisión no hace propuesta de sanción. Ésta es una opción que debatirá el martes el Ecofin (el consejo de los ministros de Economía de los países de la UE). Si este órgano optara por sancionar a España, el Gobierno tendrá diez días para presentar alegaciones.
La apertura del proceso sancionador a España se produce no por el incumplimiento del objetivo fiscal propiamente dicho sino por la convicción de que el Gobierno de Rajoy "no tomó medidas efectivas" para cumplir con las recomendaciones comunitarias y para acatar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y Bruselas cree además que España tampoco cumplirá en 2016 lo comprometido.
El malestar europeo con España procede de que en 2015, pese a tener el segundo mayor déficit fiscal de la UE tras Grecia, se desoyeron las recomendaciones comunitarias y, en un año electoral, se bajó impuestos y aumentó el gasto de las administraciones, lo que derivó en un descubierto de unos 55.107 millones de euros, unos 9.725 millones más de lo comprometido con la Unión Europea.
De este modo, el descubierto presupuestario alcanzó el 5% del PIB (5,1% con el rescate bancario), 0,9 puntos por encima del 4,2% pactado, y que previamente ya había sido suavizado dos veces por Bruselas. El expediente se justifica en que este incumplimiento no se produjo en un periodo de recesión sino en un ejercicio en el que la economía española creció el 3,2%, por lo que el llamado "déficit estructural" -que es el que se calcula descontando el efecto de las circunstancias económicas- creció cuando debería haberse ajustado coincidiendo con un periodo de recuperación. España intentó justificar la desviación en que el país tuvo una inflación menor de la prevista, lo que merma los ingresos nominales, pero la CE lo achaca al mayor gasto, las rebajas de impuestos en 2015 y la devolución de la paga extra a los funcionarios.
