La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo público encargado de velar por la libre competencia del mercado, acaba de abrir un expediente sancionador al Colegio de Abogados de A Coruña y a otras ocho entidades colegiales de España por supuestamente haber recomendado a sus asociados unos precios para el cálculo de las costas judiciales en las denuncias presentadas por la salida a Bolsa de Bankia. El expediente se produce después de que el banco heredero de Caja Madrid denunciase en diciembre pasado a los colegios de abogados y varios bufetes ante Competencia y les acusase de un pacto de precios, prohibido en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que supuestamente le causó un sobrecoste en costas de más de 150 millones de euros.
La CNMC explica en un comunicado hecho público en la tarde de ayer que tanto el colegio coruñés como los de Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, y Sevilla supuestamente aplicaron sobrecostes en el caso Bankia, al realizar "recomendaciones de precios, mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos a efectos de tasación de costas sin tener en cuenta, por ejemplo, la existencia de pleitos masivos idénticos o muy parecidos entre sí".
El decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez-Cepeda, tuvo conocimiento de la apertura del expediente el pasado martes, cuando la entidad recibió la comunicación de Competencia. El letrado sin embargo no sale de su asombro tanto por la apertura del expediente como por los argumentos que recoge.
Pérez-Cepeda explica que el colegio coruñés no tiene baremos de honorarios que pueda haber divulgado entre sus asociados y añade que, tal y como establece la ley, cuando en un juicio se impone el pago de las costas judiciales (gastos) a una de las partes, la contraria inicia un procedimiento en el juzgado en el que tasa esas costas y las reclama. Si quien es condenado a pagarlas, impugna esa tasación -y solo en ese caso-, el juzgado pide un informe al Colegio de Abogados de la demarcación "que es como una pericial", según el decano coruñés. El juez, matiza, es sin embargo el que tras estudiar los argumentos de cada una de las partes y el informe del colegio, establece si son adecuadas y las aprueba o no en una resolución que firma él.
La entidad colegial coruñesa presentará alegaciones en el proceso que ahora se abre y que tendrá una duración máxima de 18 meses, en los que la CNMC tendrá que escuchar a las partes y estudiar si efectivamente los colegios denunciados incumplieron la ley y los sanciona o no.
Bankia ha recibido miles de demandas de accionistas que en octubre de 2011 acudieron a su salida a Bolsa y en mayo de 2012 vieron cómo la entidad reformulaba sus cuentas y admitía un agujero contable de más de 24.000 millones de euros. El precio de las acciones cayó entonces y un mes más tarde la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella criminal de UPyD por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal y de maquinación para alterar el precio de las cosas.
El bufete Caamaño, Concheiro y Seoane es uno de los coruñeses que más demandas presentó contra Bankia de inversores de la provincia. El diario "Expansión" sostenía ayer que la denuncia de Bankia se dirigía también contra este despacho y otros, como el de Arriaga asociados o el bufete Rosales, que los acusaban de haber concertado precios.
Fuentes de la CNMC negaron sin embargo que su expediente afecte a despachos concretos, solo a colegios profesionales.
