Ocho asociaciones empresariales presentaron ayer un recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia que avaló la victoria de Jorge Cebreiros en la lucha por la presidencia de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Con esta acción, que ya había avanzado FARO, persiguen "que salga a la luz la verdad del proceso", según un portavoz de este sector crítico de la patronal.
En un comunicado, las asociaciones firmantes sostienen que la calificación jurídica de los hechos probados en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 de Vigo "es contraria a los principios jurídicos fundamentales", máxime "una vez probada (...) la falsedad de numerosas firmas de diversos vocales". "Es una barbaridad de sentencia, e iremos hasta el Supremo si hace falta", expusieron a este periódico.
Inciden en que no se pueden convalidar "de ninguna forma" los votos emitidos en nombre de quien no ha consentido la delegación, porque "sería como validar la retirada de fondos del banco por un no titular de una cuenta, lo que es inaceptable en un estado de derecho". Las asociaciones recurrentes son Aceca, Aipclop, AJE Vigo, Asime, Asentranspo, Asociación de Industria Química, Atra e Instalectra. Una de las firmantes, Aipclop (Asociación de Industrias de Punto y Confección), no figuraba como demandante, de ahí que desde el entorno de Cebreiros dudan que pueda sumarse al recurso. La que falta en esta lista y que sí aparecía como demandante de inicio era CECE, patronal del sector educativo privado. Entre estas organizaciones se ha agudizado la falta de sintonía con Cebreiros, de ahí que no descarten darse de baja en la patronal de Pontevedra. "Parece que es lo que quieren conseguir".
En Santiago
Tampoco están fáciles las cosas en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). La patronal gallega abordará el martes que viene el plan de viabilidad que necesita la institución para negociar con los bancos y evitar entrar en concurso de acreedores, debido a su delicada situación financiera. El presidente de la CEG, Antonio Dieter Moure, ha elaborado un proyecto "muy austero" y basado en los despidos (entre cinco y ocho) y la reducción salarial. En su último plan de viabilidad -presentó otros dos, que no tuvieron apoyos suficientes- ha incluido la provisión por 650.000 euros para hacer frente al dinero que exige la Xunta por el incumplimiento parcial del Plan Pexga.
De salir adelante esta operación, y según declaró Dieter Moure a Europa Press, quedaría "descartado totalmente" el concurso de acreedores, aunque admite que "todo depende de la ayuda de los bancos". "Si dicen que no, estamos abocados a un concurso de acreedores; pero yo en este momento ni contemplo ni barajo esa posibilidad".
