Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron ayer en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid), para requerir datos y documentación relacionada con personas y sociedades con cuentas bancarias en Suiza que aparecieron citadas en la denominada lista Falciani. Se trata de la relación que desveló el informático Hervé Daniel Marcel Falciani, a partir de la documentación y de soportes digitales a los que accedió entre 2006 y 2008, mientras trabajaba en el banco HSBC Private Bank Suisse, con sede en Ginebra, y que permitió elaborar un listado con 13.000 titulares de cuentas no declaradas y, por lo tanto, de presuntos evasores tributarios.

La actuación de la Guardia Civil se produjo durante seis horas en cumplimiento de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción durante una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre posible blanqueo de capitales en la filial helvética del HSBC.

El Santander, presidido por Ana Botín, aseguró en un comunicado que está prestando y prestará en todo momento toda su colaboración con las autoridades en relación con la investigación por blanqueo en el banco HSBC que realiza la Guardia Civil, que ayer requirió a la entidad información sobre "movimientos de determinadas cuentas entre entidades".

El Banco Santander dijo en su nota que está "suministrando todos los datos disponibles" acerca de la documentación que le ha sido requerida, en relación con la lista Falciani. Se trataría de movimientos de dinero entre los dos grupos bancarios por clientes investigados. La operación está bajo secreto de sumario.

El requerimiento es subsidiario al registro, de modo que los agentes solicitan al banco la información y sólo si éste no se la facilita, proceden a registrarlo. El requerimiento suele producirse cuando previamente no se ha facilitado toda la información requerida, en este caso sobre determinadas cuentas sobre las que se pidió información. Aunque varios miembros de la familia Botín (incluido el anterior presidente, Emilio Botín) aparecieron en la lista Falciani, ya regularizaron su situación.

A su vez, el magistrado De la Mata ha enviado a los juzgados territoriales de doce regiones (todas menos Asturias, Aragón, Extremadura, Galicia y La Rioja) los datos de 40 posibles defraudadores (personas o grupos familiares) que figuran en la lista Falciani. El magistrado ha abierto cuatro decenas de piezas distintas para que se les investigue por delitos contra la Hacienda Pública. Las cuarenta personas que se investigan no defraudaron cantidades de "extraordinaria relevancia", según precisó el juez en uno de los autos. Sobre estas piezas del sumario el juez levantó el secreto y ha decidido inhibirse a favor de los tribunales del lugar donde estas 40 personas o grupos familiares tenían sus domicilios fiscales. "Es necesario determinar caso por caso la competencia judicial ya que en casos de extraordinaria relevancia que pudieran ocasionar grave perjuicio a la economía nacional, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional", precisó el magistrado en uno de sus escritos.