Ocho presuntos delitos, veinte imputados, miles de víctimas, actuaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal y comisiones rogatorias a seis países. Son los motivos alegados por el fiscal Juan Pavía para solicitar que el caso Pescanova se tramite como "causa compleja". En un informe remitido por vía de urgencia al juez José de la Mata, el Ministerio Público entiende que en la investigación que trata de determinar las causas del colapso de la pesquera concurren "circunstancias sobrevenidas" que aconsejan prolongar la fase de instrucción otros 18 meses. El magistrado, que ha convocado a las partes a una audiencia, no ha emitido todavía su decisión.
El movimiento de Pavía se enmarca dentro de los plazos establecidos por la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que obliga a concluir las investigaciones de causas abiertas el 6 de junio. La intención del juez es, según fuentes jurídicas conocedoras de este procedimiento, concluir la instrucción este mes y arrancar el juicio no antes de final de año, pero con la petición del fiscal podría tratar por enésima vez de tomar declaración al exconsejero Robert Albert Williams, que marchó a Sudáfrica a mediados de 2013 estando ya imputado. "Los fiscales están haciendo de la excepcionalidad la regla", explica el abogado penalista Ignacio Pintos, del despacho On Tax & Legal.
De los diez motivos que permiten declarar como causa compleja una investigación, el fiscal aprecia cuatro en el caso Pescanova.
1 | Hechos punibles. "Numerosos", recuerda Pavía, "de diversa complejidad y extensión temporal". Los presuntos delitos cometidos son falseamiento de cuentas anuales y otros documentos relevantes, falseamiento de información económica y financiera, estafa, falsedad continuada en documento mercantil, insolvencia punible y uso de información relevante. Al expresidente Manuel Fernández de Sousa se le acusa también de impedir la actuación del organismo supervisor y alzamiento de bienes.
El fiscal destaca la ampliación de capital de 2012, cuando Pescanova captó 125 millones del mercado -con cientos de pequeños accionistas como suscriptores- con un informe financiero supuestamente alterado de manera deliberada para ocultar pérdidas, deuda y un agujero patrimonial de 1.522 millones de euros (solo en 2012).
2 | Implicados. Entre personas físicas y jurídicas hay 32 "imputados/investigados" (veinte son exconsejeros y exdirectivos), además de "gran cantidad de víctimas" personadas en la causa.
3 | Documentación compleja. "La investigación exige colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación", relata el informe de Juan Pavía. La UDEF fue designada en mayo de 2013 como "fuerza policial actuante", pero también aportó documentación la CNMV y entró en juego el Centro de Cooperación Policial hispano-luso de Quintanilha-Alcañices (UIF), que detectó la tentativa de Sousa de enviar a un banco chino 5,2 millones de dólares, según la investigación. Solo el informe forensic de KPMG inundó el juzgado con "abundantísima" documentación.
4 | En el extranjero. De la Mata ha remitido comisiones rogatorias a seis países con distinto éxito: Sudáfrica, Portugal, Isla de Man, Bélgica, Reino Unido y Andorra. Excepto en el caso sudafricano -por el exconsejero Williams, que presidía la Comisión de Auditoría-, las demás pesquisas se han centrado en los fondos obtenidos por los exconsejeros que vendieron sus acciones antes del estallido de la burbuja de Pescanova.
