El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se prepara para dar carpetazo este mes a la fase de instrucción del caso Pescanova tres años después de que el magistrado Pablo Ruz, el 23 de mayo de 2013, imputase a la plana mayor de la multinacional por su presunta responsabilidad en la quiebra. Falsedad en información financiera, falsedad contable, uso de información relevante, estafa, blanqueo de capitales y resistencia a la actuación supervisora son los delitos que salpican a su antigua cúpula, con el expresidente Manuel Fernández de Sousa a la cabeza. El macroproceso judicial determinará la participación de veinte personas en las prácticas que generaron un agujero patrimonial de 927 millones en la segunda empresa de Galicia y el mayor concurso de una empresa no inmobiliaria de la historia de España.
Según fuentes jurídicas conocedoras de este procedimiento, el juez José de la Mata (que cogió las riendas del caso tras la marcha de Ruz) cerrará en junio la instrucción y dará traslado a las partes de la acusación para que presenten sus escritos. Los abogados de Cuatrecasas -que actúan en representación del fondo Luxempart- dan por hecho que este auto será recurrido en apelación. Aunque fueron cuatro las querellas presentadas en la Audiencia Nacional (entre el 9 y el 30 de abril de 2013) las que precipitaron la investigación y la imputación de altos cargos de la empresa y accionistas, fue la demanda de Luxempart la que señaló a gran parte del consejo y a los máximos responsables de Auditoría, Finanzas y Administración de Pescanova.
Una vez resuelto el recurso de apelación, De la Mata dictará auto de apertura de juicio oral. Será aquí cuando los abogados de la defensa podrán presentar sus escritos en los que previsiblemente pedirán el sobreseimiento de la causa contra sus clientes, como sostuvieron los acusados cuando prestaron declaración en Madrid. Este trámite demorará la causa un par de meses más, según los abogados de la acusación, antes de que se remitan las actuaciones a la Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional competente para el juicio. Su cometido será el señalamiento de fechas para el juicio pero, dependiendo de la sección, "calcula que entre cuatro y seis meses después de recibir los autos del Juzgado". Por este motivo los expertos descartan que el macrojuicio pueda arrancar antes de final de año.
La única medida cautelar decretada por el juzgado fue la imposición de fianzas civiles solidarias, que no acarrean penas de prisión en caso de impago, sino el embargo de los bienes a nombre del imputado. La falta de un convenio con Sudáfrica ha impedido al juez la toma de declaración a Robert Albert Williams, expresidente de la Comisión de Auditoría, pese a haber enviado cinco comisiones rogatorias a las autoridades judiciales del país.
Sousa pide al juez que libere casi 55.500 euros de sus cuentas para pagar nóminas y facturas
- El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa solicitó el 27 de mayo a la Audiencia Nacional por vía de urgencia el levantamiento del embargo que pesa sobre las cuentas de una de sus empresas para abonar nóminas y facturas. El requerimiento lo realizó a través de Quinta do Sobreiro SL para desbloquear una cuenta bancaria de Kiwi España SA, ambas dedicadas a la explotación agraria o al alquiler de terrenos para este mismo fin. La cantidad que ha reclamado el empresario son 55.492,94 euros para las nóminas de trabajadores del mes de mayo (8.750 euros), seguros sociales (10.727,29 euros) y "facturas recibidas de diferentes proveedores del grupo" (36.015,60 euros). El juez Santiago Pedraz ha accedido a la solicitud y ordenó ya liberar esta cantidad de una cuenta de Abanca.La defensa de Sousa entregó al juzgado distintos informes sobre la actividad y la plantilla del grupo Quinta do Sobreiro, en los que manifestó que "la situación económica y de tesorería está pasando por momentos críticos". En ambos casos el expresidente de Pescanova es administrador único, cargo que ostentaba hasta el 29 de enero su esposa, Rosario Andrade Detrell. A mayores de esta situación, Sousa ha recibido desde febrero dos sentencias desfavorables de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y el Supremo en las que ratificaron dos sanciones de 100.000 y 300.000 euros, respectivamente, por la venta de acciones de la multinacional pesquera sin notificarlo al supervisor (CNMV).
