Para un sector de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el más próximo a su presidente, el Gobierno gallego ha forzado los tiempos para reclamar justo ahora la devolución de casi 649.000 euros por el incumplimiento parcial del convenio Pexga. "Hay una intención política de dañar y eliminar a la CEG", sostiene un miembro de la ejecutiva, que cree que el expediente no tenía por qué haber "aparecido" en un momento tan delicado para la confederación, tanto a nivel económico como institucional (el uso supuestamente irregular de los fondos se produjo en los años 2012, 2013 y en parte de 2014, cuando hubo una prórroga del plan).

Este frente abierto entre la Xunta y la CEG es complejo no solo por el importe, sino también por el vínculo entre ambas: la patronal ingresa cada año 600.000 euros de subvención y aspira a reeditar -y mejorar- el convenio Pexga de cara al próximo ejercicio. Son muchas las voces en la patronal que aseguran que el Igape no tiene razón en gran parte del dinero que reclama, pero la presentación de un contencioso-administrativo puede dañar esa relación. Y después está la división interna, que duerme y despierta cada día pero que está latente en cada encuentro de la junta directiva. "Parte de los empresarios quieren una CEG que sea solo una representación institucional, y otra un órgano con infraestructura". Las primeras serían, según un vocal afín a Dieter, las provinciales; las segundas, las sectoriales.