No hay hueco para más problemas en la mesa del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Dieter Moure. Al conflicto interno de la organización y la deuda con la banca, los proveedores y las ocho empresas que gestionan las plataformas Pexga -oficinas de representación en el extranjero-, que asciende a día de hoy a unos 470.000 euros, se suma ahora una enorme vía de agua que llegó esta semana a la sede de la patronal en forma de notificación. La Xunta acaba de remitir la resolución definitiva de liquidación de los fondos Pexga por incumplimiento parcial del convenio y que conlleva para la CEG una orden de devolución de casi 650.000 euros. El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) considera que la patronal no hizo el uso correcto de los fondos públicos que financian la red Pexga durante el periodo 2010-2013 y, por tanto, cuestiona la gestión económica del coruñés Antonio Fontenla al frente de la institución.
Este aviso ha obligado al patrón de los empresarios gallegos a modificar de urgencia la orden del día del comité ejecutivo del próximo martes, según pudo saber FARO en fuentes de toda solvencia. La CEG aprobará casi con seguridad en esa reunión la interposición de un recurso de reposición contra la resolución del Igape, que lleva la firma de su director general, Javier Aguilera. El problema es que este recurso será resuelto por la misma persona que firma la orden de liquidación, de ahí que en la patronal gallega vayan a estudiar también -así consta en el orden del día- la posibilidad de interponer un contencioso administrativo. El problema es que esta demanda se dirigiría contra la misma administración pública que financia el Pexga y que aporta al año unos 600.000 euros a la Confederación en aplicación de la ley de participación institucional. "Si estás en impago no puedes recibir subvenciones, y si te querellas contra la Xunta lo lógico es que te corten el grifo", interpreta un empresario.
Además el planteamiento de un recurso contencioso obligaría a la CEG a depositar un aval por la cuantía total que reclama el Igape, y que la organización no tiene. Será el martes cuando Dieter Moure, con la plana mayor del empresariado gallego, trate de buscar algo con que achicar esta inundación de calamidades económicas. Pero, ¿qué pasó con los fondos Pexga?
Se trata de una mala gestión contable del dinero que la Xunta adelantaba a la CEG durante el periodo de Fontenla -de los 648.000 euros que pide el Igape, unos 2.000 corresponden al mandato del vigués José Manuel Fernández Alvariño- para mantener la red de representación de la patronal en Moscú, Nueva York o México DF. "La Xunta aportaba los fondos [por adelantado, ahora se abonan a final de año] a una cuenta, contra la que la CEG cargaba los gastos", explican fuentes conocedoras de la gestión. El problema es que la CEG computó como ingresos ciertas partidas de forma irregular -intereses de la cuenta corriente, fianzas de alquileres, avales o garantías- y la comisión de seguimiento del convenio no aceptó esas partidas. Ahora piden su reintegro.
Y Dieter Moure expondrá esta situación ante una patronal partida en dos y con un informe sobre la mesa -al que ha tenido acceso FARO- que estima que las patronales sectoriales están sobrerrepresentadas en hasta 16 vocales en la asamblea. Este documento está elaborado a partir de las certificaciones emitidas por las patronales provinciales, excepto la de A Coruña. En las provincias exigen a Dieter Moure que corrija el censo para aprobar cuentas y aspirar a disponer de una línea de crédito, lo que iría en contra de los intereses de las sectoriales.
